Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Reflexiones constitucionales

Análisis crítico del proyecto de reforma constitucional

 

— Mario Fuentes Destarac
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Con el propósito de aportar al debate constituyente, en adelante me refiero a los aspectos positivos y cuestionables o equívocos que observo en el proyecto de reforma constitucional que actualmente se está discutiendo en el Congreso.

Encuentro los siguientes aspectos positivos: (i) En materia de antejuicio: La investigación penal de funcionarios con derecho de antejuicio y la suspensión de funcionarios desaforados cuando se les ligue a proceso penal; (ii) En relación al Organismo Judicial (OJ): La edad de retiro (75 años), la incorporación de abogados en ejercicio a la carrera judicial, la prolongación del período de funciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 5 a 9 años y las intenciones de separar las funciones jurisdiccional y administrativa, y de institucionalizar la carrera judicial en la magistratura; (iii) Respecto del Ministerio Público (MP): La atribución del ejercicio de la acción penal pública al MP y la prolongación del período de funciones del Fiscal General de la República (FGR) de 4 a 6 años; y (iv) Sobre la Corte de Constitucionalidad (CC): La renovación de magistrados por tercios cada 3 años y la prolongación del período de funciones de los magistrados de la CC de 5 a 9 años.

Además, observo los siguientes aspectos cuestionables o equívocos: (i) Respecto del OJ: La determinación de que el período de funciones de los magistrados de la CSJ (9 años) sea personal y no institucional, la elección por el Congreso de magistrados de la CSJ por mayoría simple (relativa) y no por mayoría absoluta o calificada, la fractura de la unidad institucional del OJ a través de la creación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), la atribución a este de la función de postular candidatos y designar magistrados de la CC, la injerencia del Congreso y del Ejecutivo en la administración del OJ, la dirección de la carrera judicial en manos de magistrados, jueces y designados por estos, la indeterminación de los períodos de funciones de magistrados de la Corte de Apelaciones y jueces, el reconocimiento de la jurisdicción (potestad de juzgar) múltiple y la incorporación de la disposición “las autoridades indígenas ancestrales ejercen jurisdicción de conformidad con sus propias instituciones, normas (es decir leyes y disposiciones de observancia general propias), procedimientos y costumbres”, aunque el artículo 8, inciso 2o., del Convenio 169 OIT incorpora solo “instituciones” y “costumbres”; (ii) Con relación a los principios de justicia: La omisión de otros principios procesales (igualdad, probidad, preclusión, in dubio pro reo, non bis in idem), la exclusión absoluta de la escritura en los procesos judiciales y la incorporación de la equidad (propensión a juzgar y actuar dando más importancia a la conciencia y al sentimiento del deber que a la estricta aplicación de la ley) como fuente formal del Derecho alternativa a la ley (la cual se complementa con la costumbre probada y la jurisprudencia); (iii) Sobre la CC: La elección de magistrados por el CNJ, el Congreso y el Ejecutivo, excluyendo a la academia y al gremio de abogados, y el aumento injustificado del número de magistrados de 10 a 12 (titulares y suplentes); (v) En cuanto al MP: La supresión de la función de velar por el estricto cumplimiento de la ley, la exigencia de que el FGR tenga experiencia en materia penal y no especialización en administración; y (vi) El mandato de reformar leyes, así como de emitir nuevas leyes sin justificación alguna, como la Ley de Aplicación de Principios Generales del Derecho.

Algunos intolerantes demandan que calle y permanezca indiferente. Sin embargo, jamás lo he hecho ni lo haré. Además, he vivido y conozco el problema de la justicia en Guatemala. Por tanto, mi obligación cívica y moral es hacer reflexiones y propuestas con el fin de enriquecer la discusión. Miguel de Unamuno afirma: “La peor intolerancia es la de eso que llaman razón”.

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