Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Orden de prelación

— Editorial
Más noticias que te pueden interesar

En el seno del Congreso se está discutiendo, a velocidad de rayo, el proyecto de reformas constitucionales que, a principios de octubre de este año, presentaron 52 diputados,en ejercicio de su derecho de iniciativa para proponer reformas a la Constitución.

En todo caso, nuestra Carta Magna establece que el Congreso debe ocuparse “sin demora alguna” de las iniciativas de reforma constitucional que le compete aprobar.

No obstante, con anterioridad al proyecto que se está discutiendo se presentaron al Congreso otros proyectos de reforma constitucional que no han sido discutidos por el pleno del Congreso, aunque debieron haber sido conocidos “sin demora” por el Legislativo. La frase “sin demora” significa de inmediato, enseguida, al instante,sin retardo, rápidamente.

Cabe recordar que en agosto de 2012, el entonces presidente Otto Pérez, también en ejercicio de su derecho de iniciativa para proponer reformas constitucionales, presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional, que abordaba temas relacionados con justicia, seguridad y sistema político electoral, entre otros. Asimismo, a mediados de abril de 2011, a instancias de ASIES, la Usac y la URL se presentó al Congreso otra propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia.

Asimismo, el 14 de noviembre del 2008, 6 mil 480 ciudadanos, alentados por la asociación civil Guatefutura, solicitaron al Congreso que se reformara la Constitución, en el sentido de fijar en 80 el número de diputados, limitar la reelección de los diputados a dos veces y eliminar los diputados por Lista Nacional. Por otro lado, el 27 de marzo del 2009, 73 mil 193 ciudadanos presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional (Proreforma), que propone, entre otros, un sistema bicameral, el referendo revocatorio para el Presidente, la restricción del derecho de antejuicio a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público (con suspensión en el cargo cuando se decrete auto de procesamiento penal), una jerarquía normativa, la exigencia de mayoría calificada en la cámara legislativa para la aprobación de impuestos, la obligación de publicar los proyectos de ley, la elevación de la edad mínima para ser electo Presidente y Vicepresidente a 45 años, la declaración de que todo impuesto cesará cumplido su objetivo, que los antejuicios de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) sean conocidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que los antejuicios contra los magistrados de esta sean conocidos por magistrados de la Corte de Apelaciones, que el presupuesto del Organismo Judicial sea aprobado por la CSJ e incorporado al Presupuesto del Estado, que los magistrados de la CC (10 titulares y 5 suplentes) y de la CSJ (15) sean vitalicios y electos por el Senado de nóminas elaboradas por Comisiones de Postulación, al igual que el Contralor de Cuentas, que la CSJ elija al Fiscal General de una nómina preparada por una Comisión de Postulación, que los gobernadores sean electos y que se incorpore el principio de equilibrio presupuestario.

En nuestra opinión, la frase “sin demora” supone un orden de prelación (antelación, preferencia, prioridad), al amparo del principio jurídico “primero en tiempo primero en derecho” y del respeto del derecho de igualdad ante la ley. Por tanto, el Congreso debe ocuparse de los proyectos de reforma constitucional atendiendo al orden de su presentación o, al menos, simultáneamente, bajo pena de impugnación por vicios de forma interna corporis, o sea por inadvertencia del debido proceso constituyente.

Etiquetas: