Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Consulta popular no simultánea

— Editorial
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El acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fue suscrito por los Gobiernos guatemalteco y beliceño el 8 de diciembre del 2008.

Por medio de dicho acuerdo “las partes solicitan a la Corte que determine, de conformidad con las reglas aplicables del derecho internacional según se especifican en el Artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte, toda y cualquier reclamación legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que declare los derechos de ambas Partes en los mismos y que determine la línea fronteriza de sus respectivos territorios y áreas”.

Para que el referido acuerdo cobre vigencia tiene que ser aprobado por las poblaciones de Guatemala y Belice, mediante el procedimiento consultivo. Los referendos debían ser simultáneos, según lo pactado por ambos Gobiernos, y tendrían que celebrarse el 6 de octubre de 2013.

Sin embargo, Belice, cuatro meses antes de la suscripción del referido acuerdo (durante el proceso de negociación del acuerdo), modificó la regulación de la consulta popular en el sentido que para que el referendo fuera válido debía concurrir a las urnas, por lo menos, el 60 por ciento de los ciudadanos, en tanto que en Guatemala no existe un mínimo de participación ciudadana. De hecho, la participación en las consultas celebradas en Belice no ha sido mayor del 30 o 35 por ciento, mientras que en Guatemala la participación en las consultas celebradas en 1994 y 1999 fue menor del 20 por ciento.

Belice se resistió a modificar su legislación interna, a pesar de la grave desigualdad existente entre las regulaciones consultivas de ambos Estados, evidenciado con ello intolerancia e intransigencia, así como poca disposición a que las condiciones sean equitativas para ambas partes. Por tanto, la decisión del Gobierno de Guatemala en el sentido de suspender la consulta popular prevista para el 6 de octubre de 2013, fue totalmente razonable.

Los Gobiernos guatemalteco y beliceño modificaron el referido acuerdo especial en el sentido de que los referendos no debían ser simultáneos, por lo que ambos Estados deben convocarlos a su mejor conveniencia. Esta modificación fue recientemente aprobada por el Congreso de Guatemala.

Consecuentemente, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala podrá convocar al referendo y si la población acepta que el diferendo territorial sea sometido a la CIJ, el Estado de Guatemala quedará a la espera de que la población de Belice también acepte que dicha Corte dirima el conflicto provocado por el abuso de poder británico. Estas actitudes nacionales darán un claro mensaje a la comunidad internacional de la voluntad inequívoca de resolver pacíficamente una disputa centenaria.

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