Sábado 8 DE Agosto DE 2020
Opinión

Indocumentados en su propia casa

Negar el derecho a la identidad es quizás una de las mayores violaciones a los derechos humanos que puede cometer un Estado moderno.

Fecha de publicación: 15-11-16
Por: Manfredo Marroquín

El drama que le toca vivir a casi medio millón de guatemaltecos que están en espera por más de seis meses para obtener un DPI, con las consiguientes consecuencias de no poder buscar un empleo, inscribirse en algún centro educativo, cambiar un cheque, obtener una licencia de conducir, solicitar pasaporte, etcétera, por estar en la práctica indocumentados, imposibilitados de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, dice mucho del estado en que se encuentra el Estado en que vivimos.

Se suponía que el cambio de cédula de identidad al documento personal de identidad representaría una serie de avances que finalmente han sucumbido a la plaga de corrupción que corroe al Estado guatemalteco.

En materia de seguridad, se esperaba que, con la existencia de un sistema centralizado con control biométrico, la emisión de documentos de identidad falsos o fraudulentos disminuiría. Pero como sabemos la tecnología es administrada por humanos y ya son varios los empleados del Renap que han sido capturados por integrar bandas dedicadas a la emisión de documentos alterados que pagan personas dedicadas a actividades ilícitas en el país, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Siendo una institución eminentemente técnica, el Renap fue convertido en un botín político donde ya no se cumple con ningún proceso de selección para la contratación de personal.

La adopción de un sistema tecnológico de punta además suponía la entrega rápida y eficaz del DPI, como ocurre con las licencias para conducir o los pasaportes que, salvo excepciones, son entregados el mismo día. El Renap en el mejor de sus momentos llegó a cumplir con la entrega en 15 días, que para fines prácticos tampoco era el tiempo óptimo, pero estaba en los márgenes de tolerancia. Todos estos supuestos han quedado como tales, y el gasto de más de miles de millones de quetzales no se tradujo en beneficios palpables para la población, solo para aquellos que fueron parte de este gran negocio, tanto proveedores como funcionarios.

Negar el derecho a la identidad es quizás una de las mayores violaciones a los derechos humanos que puede cometer un Estado moderno, pues implica negar todo el conjunto de derechos que se obtienen a partir de constatar que se es ciudadano. Ante numerosas denuncias recibidas, Acción Ciudadana presentó recientemente un requerimiento de investigación a las autoridades de la PDH, a fin de que constate la violación al derecho de identidad que están sufriendo cientos de miles de guatemaltecos y se proceda contra los responsables que resulten implicados.

Más grave aún que el problema mencionado, es la pasividad con que las autoridades y el mismo Gobierno actúan dejando que se siga acumulando la presa de guatemaltecos sin DPI. Apenas han salido a luz algunos de los tantos negocios turbios que han ocurrido en esa institución cooptada por las mafias de turno, habiendo sido ligado a proceso su exdirector, a quien inexplicablemente no terminan de separar del cargo para dar paso a una nueva administración que levante el desempeño que se ha perdido en esa institución tan importante para la seguridad del Estado y el derecho a la identidad ciudadana.

Los ciudadanos debemos estar atentos al proceso de selección del nuevo director pues haber dejado esa decisión en manos de la mafia de turno naranja, está teniendo un costo altísimo no solo económico, pero más importante en materia de violación a los derechos humanos.

Es una pena que más de 100 mil jóvenes que recién cumplen la mayoría de edad, listos para ejercer sus derechos ciudadanos, tengan su primer contacto como adultos con un Estado que les niega el derecho de identidad y con ello el de la educación, el trabajo, la salud y todos los demás derechos que son esenciales en una sociedad moderna y que en nuestro caso están cada vez lejanos de ser disfrutados por un amplio segmento de población.

La ausencia de capacidades técnicas y gerenciales ha provocado errores tales como que existan tres tipos de microprocesadores (Chips) con diferentes protocolos de lectura y la más reciente compra de tarjetas de DPI que aparentemente fue hecha sin un dictamen técnico que garantice que las medidas de seguridad del Documento de Identificación en un cien por ciento, así como que el funcionamiento del microprocesador (chip) cumpla con los estándares establecidos por la Institución. A estas alturas incluso según las metas iniciales, ya deberían estarse emitiendo DPI para la población menor de edad.

En Guatemala el goce de derechos para una amplia mayoría de la población sigue siendo una mera retórica constitucional que no llega a materializarse, pero el colmo es que ahora el Estado sea responsable también de negar esos derechos de entrada, negando el derecho a la identidad.