Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Delegación de funciones al presidente de la Copredeh

— EDITORIAL
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Ha trascendido que el vicepresidente Jafeth Cabrera, en funciones de presidente de la República, por ausencia del titular Jimmy Morales, emitió un acuerdo gubernativo, mediante el cual se designa al presidente y al director ejecutivo de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), para que, en nombre del Estado de Guatemala, en forma conjunta o separada, indistintamente, comparezcan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objeto de llevar a cabo las diligencias pertinentes ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos que se substancian ante dichas instancias internacionales contra el Estado de Guatemala. Dicho acuerdo gubernativo fue suscrito por el vicepresidente en funciones de presidente, el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario general de la Presidencia.

Por cierto, el mencionado acuerdo gubernativo no ha sido publicado en el Diario de Centro América (Diario Oficial), en franca y abierta violación a lo que ordena el Decreto 1816 del Congreso, por lo que el mismo no puede surtir efectos jurídicos en tanto no haya sido publicado oficialmente.

En cuanto al contenido del citado acuerdo, cabe advertir que el presidente de la República ha delegado la función de representación del Estado en el plano internacional, que, de conformidad con la Constitución y la Convención de Viena, le corresponde, con exclusividad, al presidente de la República y al canciller.

Podría alegarse que el presidente y el director ejecutivo de la Copredeh están actuando a título de embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cosa que no es así y, además, existe una misión permanente de Guatemala ante la OEA, y que los embajadores representan al Estado de Guatemala. Sin embargo, los embajadores no son representantes del Estado, sino que representan al presidente de la República. Por tanto, esta especie no es jurídicamente sostenible.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron creadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y ante dichas instancias internacionales se substancian controversias y litigios contra el Estado de Guatemala, no contra el presidente de la República, que pueden terminar en acuerdos de solución amistosa o en fallos emitidos por la Corte.

Por tanto, lo que procede en cada caso concreto es que el Estado otorgue un mandato judicial con representación, con instrucciones precisas e inequívocas, sin la posibilidad de que pueda renunciar al derecho de defensa del Estado o contraer obligaciones gravosas para este. Por elemental sentido común, cada mandatario debe ser abogado, porque los procesos ante el Sistema Interamericana de Derechos Humanos son de Derecho.

Como podrá advertirse, el acuerdo gubernativo de marras debe ser analizado por el Ministerio Público, al que le corresponde, por mandato constitucional, “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”. Dura lex, sed lex.

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