Lunes 15 DE Julio DE 2019
Opinión

El transporte y el Gobierno central

Evitar el uso de la fuerza.

Fecha de publicación: 03-11-16
Por: mario mérida

Como es conocido el paro del transporte pesado en el país provino de la decisión del alcalde del municipio de Guatemala, con la intención de mejorar la traficabilidad y seguridad peatonal (Acuerdo No. 12-2016). No obstante, esa decisión municipal tarde o temprano obligará al Gobierno central a intervenir con base en el Artículo 26 de la Constitución (1985). De hecho ya está involucrado en el problema desde el momento que la Policía Nacional (PN), con radiopatrullas protege el desplazamiento del transporte de combustible, resguardo que será requerido por otros transportistas.

El involucramiento del Ejecutivo por decisiones municipales ha sido algo recurrente durante los últimos años. En tiempo del alcalde Berger (1994), siendo presidente el licenciado Ramiro de León Carpio, surgieron conflictos causados por el aumento al transporte público supuestamente pactado por los propietarios con la Municipalidad.

El rechazo se materializó con el boicot por parte los estudiantes universitarios en representación de los usuarios, quienes al final pagaron el costo viajando en camiones y picops. Los desórdenes públicos y la anarquía llevaron al Presidente a ordenar la intervención policial, acción vista como apoyo al alcalde; cuando en realidad se trataba del mantenimiento del orden público y la seguridad de la ciudadanía.

El Gobierno no se encontraba en capacidad de hacer frente a tres semanas de movilizaciones y enfrentamientos; la fuerza pública fue sobrepasada cuantitativamente por los estudiantes que se apropiaron de la causa. El aumento fracasó, pero el enfrentamiento entre la PN y los manifestantes finalizó con policías y estudiantes heridos, falleciendo uno de los estudiantes de la Usac por mala atención hospitalaria. En 1998 el suscrito y dos funcionarios más fuimos acusados y condenados a diez años de cárcel por esa muerte. Después de pasar detenidos en el 2do. Cuerpo de la PN, los 99 días que duró el proceso de Apelación salimos libres. Ahora el sistema de justicia es más indulgente con los funcionarios públicos.

Aún hay espacio de maniobra, para evitar el uso de la fuerza en una situación que compete exclusivamente a la Municipalidad. Cuándo y cómo decida hacerlo el Presidente es su responsabilidad, por fortuna para los guatemaltecos él lo sabe todo. Ojalá no se tome más tiempo del necesario para decidir, si queda al margen o media para evitar una tragedia.