Miércoles 23 DE Octubre DE 2019
Opinión

Fideicomisos en el presupuesto

Fecha de publicación: 27-10-16
Por: Editorial

La Contraloría General de Cuentas (CGC), en reiteradas oportunidades, ha señalado que deben suprimirse los fideicomisos públicos para la ejecución de gasto público, debido a que le es imposible fiscalizarlos. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto estatal para el año 2017, el Ministerio de Finanzas Públicas mantiene los fideicomisos públicos para la ejecución de gasto público.

Inequívocamente, los fideicomisos públicos para la ejecución de gasto público, a través de los cuales, incluso, se transfieren fondos públicos a organismos internacionales para que, sin observar la legislación nacional, ejecuten gasto público, a cambio de jugosas comisiones, son la mayor fuente de corrupción en el Estado junto con los fondos sociales, las oenegés, las Secretarías de la Presidencia y los Consejos de Desarrollo, que conforman el “sistema paralelo de gasto público”, el cual impide que el despacho de los negocios del Ejecutivo esté a cargo de los ministerios con exclusividad, tal y como lo ordena la Constitución.

Se cuestionan los referidos fideicomisos públicos, entre otras cosas, porque se transmite el dominio de bienes del Estado (ingresos fiscales) a los bancos, con base en instrumentos temporales (Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado), acuerdos gubernativos y demás, y sin sujetarse a los procedimientos de enajenación de bienes estatales previstos en la Constitución y la ley. Asimismo, dichos fideicomisos públicos suponen otros vicios: 1) Se asume que los bienes públicos se “privatizan” al pasar al dominio de los bancos, por lo que no están sujetos a rendición de cuentas ni a control estatal; 2) Se desnaturaliza la figura esencial del fiduciario, es decir del banco administrador del fideicomiso, porque la administración se delega en comités técnicos integrados antojadizamente por el gobierno; 3) Los miembros de los comités técnicos no presentan declaraciones juradas patrimoniales, a pesar de que administran fondos públicos, y no se deducen en su contra responsabilidades legales; 4) La “fiscalización” del fideicomiso se confía a auditores independientes, por lo que la CGC queda marginada; 5) El patrimonio fideicometido, o sea los fondos públicos transferidos al fideicomiso, puede ser ampliado ilimitadamente; 6) Los fideicomisos no se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que todos los contratos y adquisiciones son discrecionales; 7) Las contrataciones de personal no se ajustan a la Ley del Servicio Civil ni están sujetas al régimen de seguridad social; y 8) Los fideicomisos no se destinan para la administración de bienes, sino para ejecutar gasto público, lo que contraviene el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Asimismo, los fideicomisos se manejan bajo la más absoluta confidencialidad y secreto. Luego, no se puede establecer si los mismos se están manejando de manera transparente. Por otro lado, cabe recordar que la Superintendencia de Bancos ha informado que la ley le prohíbe suministrar a la CGC datos sobre los fideicomisos públicos que operan en los bancos del sistema. O sea que, en realidad, los fideicomisos públicos no son fiscalizables. En consecuencia, lo que procede es prohibirlos sin más trámite.

En todo caso, la CGC tiene las herramientas para ordenar la rescisión o terminación de los contratos de fideicomisos públicos para la ejecución de gasto público, las cuales están previstas en el Artículo 4, literal a), de la Ley Orgánica de la CGC, que dispone que esta es “el órgano rector de control gubernamental. Las disposiciones, políticas y procedimientos que dicte en el ámbito de su competencia, son de observancia y cumplimiento obligatorio para los organismos, instituciones, entidades y demás personas a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley”; y en el Artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de la CGC, que establece que esta tiene la atribución de “emitir las recomendaciones correspondientes para garantizar la calidad el gasto público, las cuales serán de cumplimento obligatorio por parte de las entidades, instituciones y Organismos del Estado”. Por tanto, exigimos al contralor de Cuentas, Carlos Mencos, que actúe en consecuencia.