Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

La agenda de Washington para Centroamérica

Las prioridades serán las mismas, indistintamente del resultado de la elección presidencial.

— Phillip Chicola
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A mediados del año 2014, el Gobierno de Estados Unidos identificó al triángulo norte de Centroamérica como una de las zonas más críticas para sus intereses de seguridad nacional. La compañía no resultaba nada halagadora. A los ojos de Washington, el triángulo norte resulta tan complicado como Medio Oriente, Corea del Norte, o Rusia y su expansión por Crimea.

Este nivel de preocupación era producto de la crisis de niños migrantes, que se agudizó en el 2013. Guatemala, El Salvador y Honduras eran Estados incapaces de generar oportunidades de desarrollo para su población, lo que condenaba a cientos de miles de centroamericanos a buscar en la migración su única salida para aspirar a una vida digna. Asimismo, la cooptación de instituciones locales por el crimen organizado y el narcotráfico, imposibilitaban el avance de la Guerra contra las Drogas. Mientras que la corrupción política, no solo constituía un lastre para el desarrollo, sino también convertía a los tres países en una zona de riesgo propensa para la proliferación de grupos criminales y terroristas.

Por ello, a partir de mediados del 2014 vemos un cambio en la política norteamericana. Primero, fue la atención hacia el combate a la corrupción y la promoción de reformas que promovieran el fortalecimiento institucional. Luego se vino la propuesta de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, la cual busca convertirse en la sombrilla de ayuda en materia de asistencia para el desarrollo, control de narcóticos y financiamiento de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI). El Plan representa un esfuerzo similar a lo realizado con el Plan Colombia a principios de siglo, o la Iniciativa Mérida a partir del 2008.

La materialización de todo lo anterior lo encontramos en el “Consolidated Appropiations Act, 2016”, las normas del presupuesto federal norteamericano. En dicho documento, al consultar el apartado sobre Centroamérica, se enlistan las prioridades de la agenda de Washington hacia la región: 1) establecer una entidad autónoma para supervisar el Plan de la Prosperidad;
2) combatir la corrupción y procesar a funcionarios señalados de corrupción; 3) implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer instituciones; 4) consultar a sociedad civil y comunidades locales en la implementación del Plan de la Prosperidad; 5) contrarrestar la actividad de organizaciones criminales, narcotráfico y crimen organizado; 6) procesar en el sistema judicial a miembros de fuerzas de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos; 7) cooperar con comisiones contra la impunidad; 8) apoyar programas para reducir la pobreza y crear oportunidades de trabajo; 9) fortalecer a las policías civiles; 10) proteger el derecho de partidos de oposición, periodistas, sociedad civil y activistas a operar sin interferencia; 11) mejorar la recaudación fiscal.

Dicha ley fue aprobada por el y la Cámara de Representantes, ambos bajo control de los republicanos desde el 2014. Y en ambos casos, fue aprobada mediante un acuerdo bipartidista entre demócratas y republicanos. Lo anterior desmiente la tesis que la actual agenda americana tiene un marcado sello demócrata. Y a su vez, considerando que el proyecto de apropiaciones 2017 no dista mucho del vigente, y a la luz del citado acuerdo bipartidista, pareciera que las prioridades de Washington para el 2017 continuarán siendo las mismas, indistintamente de si el inquilino de la Casa Blanca es Hillary Clinton o Donald Trump.

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