Jueves 22 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Jurisdicción Penal y Jurisdicción de Derechos Humanos

El derecho penal, nacional e internacional, ha llegado a establecer que ciertos delitos serán imprescriptibles y no amnistiables, lo cual es conforme a las Convenciones de DD. HH.

— Antonio Arenales
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La Jurisdicción Penal juzga personas, por conductas que constituyen delito conforme las leyes penales: homicidio, asesinato, robo, secuestro, etcétera; hay juzgados penales nacionales y una Corte Penal Internacional en La Haya. La jurisdicción de Derechos Humanos juzga Estados, por acciones u omisiones de funcionarios o instituciones que significan vulneración de los derechos humanos: derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho de libre locomoción, derechos a la libertad de expresión, etcétera. Una jurisdicción de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana, no puede condenar personas ni calificar conductas como delitos, no tiene ni la base legal ni la capacidad institucional para investigación de conductas personales y valoración de pruebas.

Cuando la Corte Interamericana condena a un Estado por denegación de justicia lo hace porque los Fiscales y Organismo Judicial no han podido o querido investigar hechos delictivos, pero rebasa su competencia si se refiere a conductas personales o tipifica delitos y más aún si pretendiese constituirse en una instancia penal adicional.

No se podrá condenar a un Estado por denegación de justicia, cuando concurren causas de extinción de la responsabilidad penal, prescripción o amnistía, ni cuando no existen evidencias que permitan la persecución penal, causa de sobreseimiento o de clausura provisional de un proceso.

El derecho penal, nacional e internacional, ha llegado a establecer que ciertos delitos serán imprescriptibles y no amnistiables, lo cual es conforme a las Convenciones de Derechos Humanos, pero aplicar dichas normas con carácter retroactivo si contraviene una de las garantías procesales consagradas en las Convenciones, la retroactividad de la ley penal, base fundamental del derecho penal.

Guatemala ha objetado que la Corte conozca hechos anteriores a 1987, porque hasta esa fecha reconoció su competencia con una reserva expresa, exclusivamente para hechos posteriores. Solo el Presidente de la República puede levantar la reserva, ningún otro funcionario puede obviarla ni la Corte puede aceptarlo.

La Corte Interamericana no ignora la vigencia de la reserva y mientras no se levante formalmente no puede arrogarse competencias contra la voluntad de un Estado. Por ello es improcedente que la Corte acuse de desacato a un Estado que se niega a cumplir resoluciones dictadas sin competencia. Igualmente es improcedente, si lo hace por no resolver casos en lo que es imposible encontrar evidencias o pruebas, o si ha ocurrido causa de extinción de la responsabilidad penal por prescripción o amnistía.

Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia de España y de México que pueden ilustrar la irretroactividad de normas de imprescriptibilidad o no amnistiabilidad y la improcedencia de retipificar delitos con figuras delictivas que no existían al producirse los hechos.

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