Jueves 21 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Una ley sin competencia

La promoción de la competencia no debe convertirse en una cruzada ideológica o un cacería de brujas.

Fecha de publicación: 18-10-16
Por: Hugo Maul R.

Pocos temas en la ciencia económica están tan llenos de percepciones equivocadas como en el tema de la competencia. Abstractas y estilizadas ultrasimplificaciones de la realidad se usan como base para justificar la intervención del gobierno en el funcionamiento de los mercados, supuestamente, en nombre de mejorar la eficiencia económica y promover el bienestar de los consumidores. Sorprende la ligereza con la cual se adoptan modelos económicos como el del monopolio o la competencia perfecta, para citar dos de los más conocidos ejemplos, para juzgar la bondad del comportamiento de las empresas en el mercado. Sorprende todavía más que estas limitadas formas de interpretación sirvan de inspiración a los legisladores para promover leyes que tendrán sus efectos en el mundo real y no en los libros de texto, único lugar en donde existen, en el mejor de los casos, muchos de los comportamientos que se pretenden restringir.

Como en tantos otros ámbitos de la vida, en materia de competencia en los mercados no todo es blanco o negro. Así como la competencia perfecta representa un ideal teórico extremo, en donde todas las condiciones externas que rodean a la empresa y el mercado son ideales, el monopolio absoluto representa otro caso hipotético extremo de la situación contraria. Demás está decir que en la realidad lo que existe es una multiplicidad de formas, intensidades, variedades y tipos de competencia que sobrepasan por mucho el enfoque de estos modelos. Lo que demuestra la realidad es que el fenómeno de la competencia en un mercado va más allá de precios, cantidades, número de competidores, publicidad, calidad y condiciones de venta. Es tanta la multiplicidad de grises en esta materia que no existe forma de poder comparar entre dos distintos comportamientos competitivos sin que medie una medición de costos y beneficios de cada uno de ellos.

De esa cuenta es que la Constitución en su Artículo 130 habla de limitar los comportamientos no competitivos cuando tiendan a “absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria… [o] perjudicar a los consumidores”. Las consecuencias perjudiciales de una acción no pueden asumirse, tienen que ser probadas de forma técnica por quien, supuestamente, resulte afectado por una práctica no competitiva. El que acusa tiene la “carga de la prueba”, es decir, demostrar el daño que se le ha causado. El denunciante, ya sea que se trate de un individuo, empresa o institución pública de defensa de la competencia, está obligado a probar el daño o perjuicio causado por la práctica que supuestamente restringe la competencia. Solamente la comparación entre costos y beneficios económicos puede arrojar luz acerca de la supuesta bondad o perversidad de cada comportamiento competitivo dentro de un mercado. La promoción de la competencia no debe convertirse en una cruzada ideológica o un cacería de brujas.