Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

Declaraciones patrimoniales deben ser públicas

Para que las declaraciones patrimoniales sean una herramienta efectiva hace falta crear un sistema de controles coordinado y entrelazado.

Fecha de publicación: 18-10-16

Los más altos funcionarios de la SAT hicieron pública la semana pasada, su declaración patrimonial que está sujeta según la Ley de Probidad y Responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, a mantenerse bajo confidencialidad por las autoridades del ente contralor que las recibe, pero que pueden y deberían ser del conocimiento público si los mismos funcionarios favorecen su publicidad. Un acto que hay que aplaudir pues se trata de un caso sin precedentes y único en el ente que tiene a su cargo la recaudación fiscal y que ha sido foco permanente de gran corrupción, y ahora se somete al escrutinio público dando a conocer su estado patrimonial.

Guatemala es de los pocos países en la región que mantienen la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios públicos, situación que debería ser objeto de una reforma en la Ley de Probidad, dado el constante saqueo que sigue produciéndose en las arcas públicas, y establecer un verdadero sistema de probidad que permita detectar los casos de enriquecimiento ilícito que es el fin de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, pero que ha sido totalmente ineficaz como todos hemos podido comprobar.

Es realmente ridículo que Guatemala siga comprometiéndose a nuevos y más compromisos en materia de transparencia y anticorrupción si no cumple con las recomendaciones que los distintos mecanismos de seguimiento le hacen periódicamente como ha ocurrido con el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) que ha efectuado a Guatemala más de cien recomendaciones para mejorar sus sistemas de transparencia y combate a la corrupción, y tan solo un mínimo porcentaje ha sido implementado.

Entre las recomendaciones que se han hecho para optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales, con el objeto de que las mismas sirvan también como una herramienta útil para la detección y prevención de conflictos de intereses además de su utilización como instrumento idóneo para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito, están: fortalecer las previsiones de verificación y armonización de las mismas por parte de la CGC, establecidas en los Artículos 21 y 24 así como adecuar los formularios para la presentación de las declaraciones, de tal manera que en ellos se requiera a los declarantes consignar la información exigida como mínima por el Artículo 23 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, al igual que la que se derive de la exigencia contenida en el último párrafo de esta norma, respecto a que se especifique que los bienes y rentas declarados son los únicos que se poseen.

En el caso de la SAT hay que decir que los actuales funcionarios están actuando además en cumplimiento a la norma establecida en la Ley Orgánica de la SAT reformada recientemente que establece la obligatoriedad de hacer pública la citada declaración patrimonial y de intereses. Es realmente plausible que quienes tienen a su cargo la recaudación fiscal después de tener a cinco ex superintendentes ligados a proceso penal, asuman un nuevo estilo y compromiso con la función tan delicada que desempeñan.

Recordemos que la mayoría de altos funcionarios se ha negado a dar a conocer públicamente sus estados patrimoniales y cuando algunos lo han hecho como el caso del expresidente Pérez Molina, nada se consiguió con ello pues a pesar de haber dicho que sus bienes alcanzaban los 8 millones de quetzales, nunca su declaración fue investigada para saber si existían indicios de enriquecimiento ilícito como efectivamente ha quedado revelado con las investigaciones penales en curso.

Para que las declaraciones patrimoniales sean una herramienta efectiva hace falta crear un sistema de controles coordinado y entrelazado, cosa que hoy por hoy brilla por su ausencia, ya que la mayoría de nuestra institucionalidad carece de coherencia e integralidad, siendo islas que no han aprendido a coordinar una con otras.