Miércoles 17 DE Julio DE 2019
Opinión

Acceso a la justicia

Todos los jueces de paz son abogados.

 

Fecha de publicación: 17-10-16
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

Las comunidades primitivas se caracterizan por la ausencia de un sistema de justicia eficaz. Luego, estas poblaciones viven bajo la constante amenaza de que las disputas y confrontaciones puedan degenerar en una agresividad progresiva, interminable y destructiva del tejido social.

La manera en que estas sociedades rompen la espiral de represalia, venganza y agitación, la cual pone en riesgo su propia existencia, es a través de la escogencia de chivos expiatorios, cuyo sacrificio refrene la conflictividad creciente y restaure la “armonía”. En lugar de que los habitantes se ataquen entre ellos, sacrifican a uno solo, que, generalmente, es un individuo que no puede defenderse y cuya desaparición no supone resarcimiento alguno.

Por el contrario, las sociedades civilizadas cuentan con un sistema de justicia eficaz, cuyos tribunales dirimen los conflictos e imponen sus decisiones. Por supuesto, cuando el sistema de justicia goza de respetabilidad y credibilidad, se rompe el círculo vicioso de la repetitiva venganza y se reduce la necesidad de recurrir a una suerte de chivo expiatorio, que expíe las culpas de todos y devuelva la tranquilidad social. En suma, la aplicación de la ley es previsible.

Un sistema de justicia eficaz supone la existencia de jueces independientes e imparciales, al servicio de todos por igual, cuyas resoluciones se apeguen a la ley. De ahí la importancia de contar con jueces dignos, probos, capaces, idóneos y, sobre todo, respetados. Por cierto, el respeto se gana únicamente a base del testimonio de vida. Por sus obras los conoceréis, dice el Evangelio.

El acceso a la justicia es clave en la administración de justicia, porque garantiza que quien clama justicia sea atendido y complacido, que los conflictos sean dirimidos y que las decisiones finales sean lícitas y eficaces. Por supuesto, todas las disputas (leves, graves o gravísimas) ameritan resolverse, porque todas tienen el ingrediente de la discordia y la ira reprimida. Obviar la resolución de un conflicto puede agravarlo, multiplicarlo o alentar la venganza irracional. En Guatemala, la falta de acceso a la justicia es el Talón de Aquiles del Estado de Derecho. Esto impide que los conflictos se resuelvan y se da lugar al temor, a la confrontación y al linchamiento (que se asimila al sacrificio ritual primitivo).

En mi opinión, la ausencia de autoridad estatal, así como la presencia de una autoridad débil o disminuida, son las causas de que no se garantice el acceso a la justicia. Si no hay autoridad, se potencia la espiral de la conflictividad y el recurso a la violencia.

Los jueces de paz son las autoridades judiciales que están más cerca de las comunidades y, por consiguiente, pueden dirimir la mayoría de los conflictos y preservar la paz social, a través de la administración de justicia pronta y cumplida; o, en su caso, recurriendo a métodos de resolución alternativa de disputas (mediación y conciliación).

El Organismo Judicial ha instalado juzgados de paz en todos los municipios de la República. Es más, entiendo que, salvo los integrantes de los juzgados de paz comunitarios, todos los jueces de paz son abogados. Empero, los jueces de paz penal, en los lugares en que no tienen presencia el Ministerio Público (MP) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), instituciones que son esenciales para la implementación del vigente proceso penal acusatorio, solo pueden conocer faltas y delitos sancionados con multa o con prisión de hasta un año, aunque la ley les otorga competencia para conocer delitos de hasta cinco años de prisión. Por tanto, el desafío es lograr que el MP y el IDPP también tengan presencia en todos los municipios. Por supuesto, esto requiere de recursos humanos y financieros.