Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

¿Estado de calamidad sinónimo de corrupción?

Fecha de publicación: 13-10-16

La Corte de Constitucionalidad (CC) decretó amparo provisional contra el Decreto Gubernativo mediante el cual el vicepresidente Jafeth Cabrera declaró el Estado de Calamidad Pública, por los presuntos daños causados por las lluvias, a raíz de una impugnación presentada por la diputada Nineth Montenegro (EG).

En todo caso, cabe recordar el estado de calamidad indefinido (prorrogado nueve veces) decretado durante el corrupto régimen de Álvaro Colom (2008-12), por los estragos que dejaron tras de sí la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán Pacaya, que, inequívocamente, fue aprovechado para una inconmensurable corruptela sinfín. En su oportunidad, el mismo ex vicepresidente Rafael Espada reconoció que el estado de calamidad era “una magnífica excusa para la corrupción”.

La finalidad del estado de calamidad es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud), y crisis sanitarias (epidemias y situaciones de contaminación graves). Con motivo del estado de calamidad se releva a la Administración Pública de la obligación de someterse a los procesos de licitación y cotización para los fines de contratación de bienes
y servicios. La agilidad para atajar la emergencia es la justificación.

No obstante, la experiencia nos dice que la medicina siempre ha resultado peor que la enfermedad, porque lo que, generalmente, ha aflorado en estas emergencias son los actos de corrupción y no el beneficio para la población. Como dice el refrán: Unos en la pena y otros en la pepena.

Por tanto, dados los antecedentes de escándalos de corrupción bajo los estados de emergencia (prevención, alarma, sitio, guerra y calamidad), no nos complace mucho que se decrete el sobado estado de calamidad, salvo que esté debidamente justificada y acreditada la emergencia, así como que no puede reducir el riesgo a través de mecanismos normales.

Además, bajo la sombrilla de la necesaria ayuda o reconstrucción, no deberían tolerarse “negocios” arropados en la opacidad, la discrecionalidad, el sobreprecio, los atajos a la ley y la ausencia de control.

Por otro lado, si el Congreso no ratifica el estado de calamidad pública decretado por el Ejecutivo dentro de los tres días siguientes, el mismo deberá quedar inmediatamente sin vigencia. Así lo ordena la Constitución, pero este mandato constitucional había sido omitido toda la vida hasta ahora. ¡Dura lex sed lex!