Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Sobre el procedimiento de Reforma Constitucional

La experiencia de 1994 y 1999 revela datos sobre el proceso específico.

 

— Phillip Chicola
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De acuerdo con el Artículo 280 de la Constitución, una Reforma Constitucional por la vía legislativa requiere que “el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados”; y luego añade; “Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el Artículo 173”. A su vez, el Artículo 173 de la Constitución indica que: “La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos”.

Si bien los artículos anteriores establecen el proceso general de una reforma, existen dudas sobre mecanismos concretos.  Ante ello, resulta interesante voltear a ver la experiencia de la modificación constitucional de 1994, y la fallida reforma de 1999 para encontrar luces.

Por ejemplo, en ambos procesos, el Congreso dio trámite a la propuesta de reforma como si se tratase de una Iniciativa de Ley común. Es decir, Jefes de Bloque la programaron en la orden del día, y el pleno, luego de leer la exposición de motivos y los considerandos, decidió trasladarla a una Comisión para dictamen. Aquí un dato revelador. En ambos casos, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se encargó del análisis y dictamen; pero en 1999, se integró también una Comisión Multipartidaria Extraordinaria para conocer las reformas.

Asimismo, en el proceso de 1999 a diferencia del proceso de 1994, los Diputados consideraron necesario modificar y ampliar la Reforma. Es decir, del documento original que modificaba 13 artículos, los legisladores ampliaron la reforma para modificar un total de 53 artículos. Es decir, los diputados se arrogaron un poder constituyente que iba más allá de su función propia de poder constituido (dar trámite y aprobar Iniciativa de reforma original).

En ambos casos, las reformas fueron conocidas en tres lecturas por el pleno del Congreso. En 1994, en la fase de discusión por artículos, los diputados introdujeron enmiendas de curul, con el espíritu de mejorar la redacción de los artículos, pero respetando el espíritu de la propuesta. En redacción final, las reformas fueron aprobadas con 2/3 partes del total de diputados.

En 1994 y en 1999, el Congreso aprobó un Acuerdo que faculta al Presidente del Legislativo a solicitar al Tribunal Supremo Electoral que convoque y realice la Consulta Popular. No obstante, en 1999, en el Expediente 931-98, la Corte de Constitucionalidad señaló que “las preguntas que se le realicen al pueblo por medio de una consulta popular deben agruparse por temas o títulos diferenciados”. Dicha sentencia obligó al Congreso a reformular las preguntas previo a la consulta de 1999. Asimismo, la CC también señaló que “La Consulta requiere de la previa, suficiente y comprensiva información que debe darse a la población, para que concurra al acto electoral con pleno conocimiento de su propósito”. Dicho antecedente no solo revela el mecanismo de consulta, sino también, el control de constitucionalidad sobre el proceso.

Finalmente, tanto en 1994 como en 1999, fue el TSE, a través del Decreto de Convocatoria a Consulta Popular, el que estableció los mecanismos concretos de aplicación de la normativa electoral. Por ejemplo, el TSE definió en dicho acuerdo la fecha límite para cerrar el padrón electoral, la utilización de la “mayoría simple” para darle validez a la reforma.

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