Domingo 24 DE Marzo DE 2019
Opinión

Coincidencias y diferencias entre los procesos de paz en Guatemala y Colombia

— Editorial
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Como es del conocimiento público, los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no fueron avalados por el pueblo colombiano en el plebiscito que se celebró el pasado domingo.

En Guatemala, el 29 de diciembre de 1996 se firmó la paz “firme y duradera” en Guatemala, mediante la cual los representantes de la guerrilla (URNG) y el Gobierno guatemalteco pusieron fin al enfrentamiento armado interno que duró 36 años (1960-96). Previamente a la suscripción de la paz “firme y duradera”, el Gobierno y la guerrilla firmaron distintos acuerdos de paz, que contenían declaraciones, compromisos y proyectos, así como una agenda nacional compartida, que incluía reformas constitucionales puntuales.

El régimen de Álvaro Arzú (1996-2000) se propuso reformar la Constitución, presuntamente en el marco de los acuerdos de paz. Sin embargo, el proyecto de enmiendas constitucionales que finalmente aprobó el Congreso, dominado por el oficialismo, obedecía más a los intereses absolutistas del régimen arzuísta que al espíritu y contenido de los acuerdos de paz. Por consiguiente, el referido proyecto de reforma constitucional, después de ser aprobado por el Congreso, fue rechazado en la consulta popular (referendo constitucional) celebrada el 16 de mayo de 1999, lo que, en gran medida, deslegitimó los acuerdos de paz y supuso la pérdida de todo el capital político del régimen de Arzú, al punto que en las elecciones generales celebradas durante el segundo semestre del año 1999, la oposición política venció arrolladoramente al oficialismo.

En Guatemala no hubo una renegociación de los acuerdos de paz, después de que el proyecto de reforma constitucional no fue ratificado por el pueblo guatemalteco, como entendemos se planteará en Colombia, a raíz del rechazo de los respectivos acuerdos en el reciente plebiscito, sino que se emitió la Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto
# 52-2005 del Congreso), con el fin de “legalizar” los mencionados acuerdos de paz.

Efectivamente, el Artículo 1 de dicha Ley establece: “La presente Ley tiene por objeto establecer normas y mecanismos que regulen y orienten el proceso de cumplimiento  de los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes constitucionales del Estado de proteger a la persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, que debe cimentarse sobre un desarrollo participativo, que promueva el bien común y, que responda a las necesidades de la población”; y, asimismo, el Artículo 2 dispone: “Es una Ley Marco que rige los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz”.

Siempre hemos creído que en Guatemala hizo falta la consulta popular (plebiscito) sobre los acuerdos de paz, ya que estos supusieron decisiones políticas de especial trascendencia. En todo caso, la Constitución dispone: “Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”.

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