Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La vinculación de la depuración judicial con la política pública

La agenda política se ha derivado de los casos judiciales del último año y medio.

 

— Phillip Chicola
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El año 2016 ha estado lleno de procesos políticos sumamente atípicos. La persecución de redes de corrupción, liderada por CICIG y Ministerio Público, ha provocado una depuración transversal de elites. Un gobierno de un presidente Jimmy Morales que ha materializado las debilidades propias de un outsider: tendencia a la improvisación, ausencia de propuestas de política pública, debilidad en su capacidad de operación y construcción de alianzas, y una limitada capacidad de responder a las expectativas sociales. Y finalmente, un Congreso, que ante los fantasmas de la depuración –judicial o política–, se dio a la tarea de marcar distancia del Ejecutivo y liderar algunos de los procesos de reforma institucional en el país.

En este atípico contexto resulta que la fiscalía y la CICIG constituyen los centros de gravedad del sistema: es decir, los actores institucionales de cuyas acciones –directa o indirectamente– termina emanando la política pública y las propuestas de legislación en el país. Veamos.

Del caso La Línea y Aceros de Guatemala, que evidenciaron la decadencia y corrupción en la administración tributaria, se abrió la puerta para empujar una reforma a la SAT, que permitió fortalecer la independencia del ente recaudador respecto a los poderes políticos. El caso de Aceros también sentó la base para levantar el secreto bancario con fines fiscales, tema que durante años fue materia de molestia de parte de la OCDE.

El caso IGSS-Pisa y los señalamientos de colusión en licitaciones públicas abrió la puerta para la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado. El caso de plazas fantasma en el Congreso generó las condiciones para realizar una pendiente reforma al régimen interior del Legislativo y a reformar la Ley de Servicio Civil del Congreso. Del caso TCQ, se derivó una revisión de decenas de contratos de concesión y usufructo en los diferentes puertos y aeropuertos del país por parte de la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación (PGN). Mientras que el caso Cooptación del Estado generó la demanda social para que la PGN procediera a revisar la legalidad de los contratos de usufructo de la televisión abierta.

En pocas palabras, los casos de corrupción han generado la viabilidad política y han facilitado la construcción de alianzas para abordar temas pendientes de reforma institucional.

Sin embargo, esta dinámica entra a un momento crítico. Derivado de los casos de corrupción judicial (evidenciados con el Bufete de la Impunidad o la cuestionada elección de magistrados del 2014) se identificó la necesidad de una reforma del Sector Justicia, la cual requiere de cambios a la Constitución. Sin embargo, a diferencia de los temas anteriores, una reforma constitucional parece tener menos consenso entre actores políticos y sociales. La pregunta del millón será si la legitimidad política y social de MP y CICIG (instituciones con aprobación superior al 80 por ciento) constituye la fuente de cohesión para abordar un proceso de tal envergadura.

El segundo reto prospectivo es que los casos judiciales tan solo permiten abordar temas de reforma institucional, mas no aquellos que atañen temáticas sociales o económicas. Tarde o temprano las reformas a instituciones se agotarán en la agenda, y tocará que abordemos los temas más complejos que nos dividen como país. La pregunta del millón aquí será si como sociedad política tendremos la madurez para alcanzar consenso en temas más álgidos.

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