Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

¿Por qué Guatemala tiene bajas calificaciones?

La falla medular está en la debilidad de las instituciones políticas y gubernamentales.

 

— Mario A. García Lara
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En la casi totalidad de los múltiples índices que evalúan el desempeño económico y social (desde el Índice de Desarrollo Humano hasta el recientemente publicado Índice de Competitividad Global, pasando por las calificaciones de riesgo soberano), las calificaciones de Guatemala son muy bajas en relación con otros países comparables. Las razones de ello son múltiples, pero un estudio publicado hace pocos días por la calificadora Standard & Poor’s (¿Por qué tienen calificaciones bajas los países de Centroamérica?, por Joydeep Mukherji) proporciona algunas explicaciones al respecto.

Ese estudio señala que los países centroamericanos no han logrado construir economías modernas basadas en sólidos pilares políticos, sociales e institucionales debido, fundamentalmente, a problemas internos asociados a un marco institucional débil, a la corrupción generalizada, a los inadecuados servicios públicos, a la poca coordinación entre el sector público y el privado, y a la falta de proyectos de largo plazo. La falla medular está en la debilidad de las instituciones políticas y gubernamentales.

La mala calificación de los países de la región es un reflejo, en gran medida, de “las aún débiles instituciones públicas, pesos y contrapesos no efectivos, corrupción, y servicios públicos inadecuados. La débil capacidad dentro del sector público para diseñar e implementar proyectos es un obstáculo para el crecimiento económico. Un cambio en el Gobierno por lo general ha significado un cambio en los puestos clave en el servicio civil y en las compañías del sector público, lo que genera retrasos y trabajo de mala calidad”.

Para el caso particular de Guatemala, el citado estudio reconoce que existen importantes fortalezas en el campo macroeconómico, incluso con mejores indicadores que los otros países de la región, los cuales se manifiestan en un déficit externo muy pequeño, un déficit fiscal sostenidamente bajo, una política monetaria autónoma y estable, y un nivel de deuda pública bajo y manejable.

Sin embargo, también señala una serie de aspectos negativos que determinan la baja calificación del riesgo soberano guatemalteco. Entre ellas destacan: la debilidad del sector público (con sus limitados recursos y capacidad de ejecución) que impiden la formulación de políticas de largo plazo; la ausencia de partidos políticos fuertes, con una clase política fragmentada y estructurada en torno a cacicazgos, lo que dificulta la aprobación de reformas clave que podrían acelerar el crecimiento económico; y, la insuficiente recaudación tributaria (reflejo tanto de la corrupción existente como de la perenne oposición política ante las reformas fiscales), lo cual impide aumentar el gasto público en servicios básicos o infraestructura necesarios para generar gobernabilidad y crecimiento económico.

El referido diagnóstico esboza claramente los elementos de una agenda mínima priorizada de reformas que el país demanda con urgencia: una reforma profunda del sistema de partidos políticos; el fortalecimiento institucional en áreas clave para la efectividad del Gobierno (servicio civil, contraloría); una reforma fiscal integral; y la mejora sustancial en la provisión de servicios públicos básicos (salud, educación, seguridad y justicia). Esta agenda es, fundamentalmente, la misma que han sugerido una miríada de estudios de expertos e instituciones internacionales desde hace años. Pero los liderazgos nacionales insisten en evadirla con la ilusión de encontrar mágicos atajos que no requieran de tanto esfuerzo, decisión política y perseverancia.

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