Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Facturas que están pasando factura

La estrategia utilizada por el presidente para enfrentar este delicado caso, le ha sido útil momentáneamente.

— Manfredo Marroquín
Más noticias que te pueden interesar

Desde su creación en 1887, el Registro de la Propiedad no rindió cuentas ni fue auditado durante 137 años, hasta el año 2013 que, motivada por la arrogancia y prepotencia de la entonces directora, Anabella de León, llamó la atención nacional hacia esa entidad que estaba siendo señalada de múltiples irregularidades y por su manifiesta y hasta delirante oposición a que ingresaran al edificio de esa institución, los auditores de la Contraloría General de Cuentas.

Cual, si fuera patrimonio personal, la exdirectora alegaba que la institución no podía ser auditada por nadie porque no recibía fondos del Presupuesto Nacional, y que los ingresos que genera la institución por los servicios que presta, eran privativos es decir a su entender, discrecionales en su uso. Fue bajo esa lógica que dicha institución, que por cierto no fue la excepción, fue presa de todo tipo de prácticas corruptas cubiertas por un manto de impunidad que se asumía eterno.

Y ha sido entonces producto del azar que en la primera auditoria oficial que es objeto en su historia esa institución, llegase a conocerse la existencia de facturas que comprometen la estabilidad de la administración Morales, emitidas por su hermano e hijo, giradas para respaldar servicios que, bajo la administración de la ex registradora De León, hoy son considerados sospechosos de no haberse prestado o bien alterado el giro de los mismos.

Y es que la población ha sido bastante consecuente con su voto, manteniendo un reservado beneficio de la duda al presidente Morales, en cuanto a no esperar grandes reformas ni realizaciones, pero sí mostrando una firme convicción y rechazo a que otra vez se incumpla la promesa de utilizar el poder del Estado para hacer negocios dudosos que solo generan beneficios individuales.

Aunque los hallazgos que se investigan no han ocurrido durante su administración, sí comprometen la imagen de integridad del mandatario, por tratarse de su entorno familiar más cercano. La política da giros inesperados y ahora resulta que a tan solo un año de que fue electo en rechazo a la corrupción de la clase política tradicional, la estabilidad de su presidencia depende del resultado de una nueva investigación sobre corrupción, que realicen CICIG-MP para saber si finalmente tiene algún grado de responsabilidad directa o indirecta.

La estrategia utilizada por el presidente para enfrentar este delicado caso, le ha sido útil momentáneamente, divulgando un mensaje grabado, evitando así tener que enfrentar a la prensa. Pero queda preso de esa misma estrategia que lo obliga a permanecer alejado y distante hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones, evitando exponerse a dar declaraciones que pudieran resultarle contraproducentes.

Todos los gobiernos anteriores sufrieron un caso paradigmático que minó su autoridad y poder político, Arzú con el caso Gerardi, Portillo con la descertificación de los Estados Unidos, Colom con el caso Rosenberg y Pérez Molina con el caso La Línea que significó el fin de su mandato. Este nuevo caso llega muy temprano iniciada la administración del presidente Morales y sin duda deja reducido su margen de acción y poder de iniciativa para enfrentar los graves problemas que debe afrontar en su calidad de dignatario. Solo una exculpación total podría revertir el daño ya ocasionado.

Por vez primera en la historia del país, el poder de iniciativa está en el llamado sector justicia, CICIG, MP, OJ, que ha puesto en jaque más que a decenas de altos funcionarios hoy procesados por distintos delitos, a todo un sistema de poder sustentado en lo que hoy se denomina “Gran Corrupción” y que sigue reaccionando atarantadamente al verse desprotegido del manto de impunidad que lo sostenía.

Etiquetas: