Sábado 23 DE Marzo DE 2019
Opinión

Camino equivocado

— EDITORIAL
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Todas las reformas tributarias, exitosas o fallidas, desde el retorno de Guatemala a la democracia han pecado de lo mismo: pretender aumentar la carga tributaria subiéndole los impuestos a quienes ya los pagan. Algo que en la sabiduría popular ha dado origen a la analogía del “cazar dentro del zoológico”, en donde ya existen muchos ejemplares fáciles de cazar. Esto en contraposición a la necesaria ampliación de la base de contribuyentes, de manera que el sostenimiento del aparato público fuera una tarea compartida por más personas y empresas. Este punto no necesita mayor explicación, cualquier persona puede darse cuenta que no puede pretenderse que todo el tiempo sea siempre la misma base reducida de contribuyentes sobre quienes recaiga la responsabilidad de financiar todas las necesidades financieras del Gobierno. No obstante, mientras la economía nacional siga experimentando bajas tasas de crecimiento económico y poca capacidad de generación de nuevos empleos, quienes ya pagamos impuestos, sean a la renta, salarios, utilidades o consumo, seguiremos siendo el blanco preferido y fácil de alcanzar de quienes pretendan aumentar la recaudación de impuestos en algún momento en el futuro.

El reciente debate acerca de la devolución de la capacidad sancionadora a la Inspectoría General del Trabajo es un ejemplo de lo que se ha mencionado antes. Resulta más fácil y conveniente para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fortalecer su labor de supervisión sobre patronos que ya crearon plazas de trabajo formales que concentrar sus esfuerzos en la generación de nuevos empleos. Si bien nadie se opone a que se hagan respetar los derechos laborales de los trabajadores que ya tienen un empleo, tanto o más importante sería que este ministerio concentrara su esfuerzo en promover las condiciones necesarias para generar centenares de miles de empleos nuevos cada año. Los derechos laborales de más de cuatro millones de guatemaltecos que no tienen un empleo formal no los protege nadie; no podría la Inspectoría sancionar a nadie, aunque tuviera la potestad, ya que la gran mayoría de ellos trabaja por su propia cuenta o en negocios familiares. Para mala fortuna de todos, esta forma de pensar y actuar en donde se prefiere “cazar dentro del zoológico” se repite por doquier en la función pública; en lugar de ampliar el campo de aplicación de la ley, se prefiere que todo su peso recaiga sobre quienes ya cumplen con ella.

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