Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Celadores de la Constitución

A propósito de las fiestas patrias.

 

— Álvaro Castellanos Howell
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El Instituto de Justicia Constitucional, atinadamente dirigido por el Doctor Julio César Cordón Aguilar, realizó durante dos días, a inicios de este mes, un evento académico titulado “Tendencias del Constitucionalismo en el Siglo XXI”.

Los dos temas centrales fueron: el control de convencionalidad y el desarrollo de nuevos derechos por el juez constitucional.

Me quiero referir al primero

El juez y profesor colombiano Jaime Orlando Santofimio-Gamboa hizo una presentación memorable. No solamente por sustanciosa, sino por la claridad de su mensaje principal. Todo funcionario y empleado público está obligado a respetar y aplicar los principios del control de convencionalidad. No solamente los jueces. Pero, ¿en qué consiste dicho control?

Es un elevado y relativamente nuevo estándar en materia de tutela eficaz de los derechos fundamentales, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los funcionarios y empleados públicos deben tener siempre en cuenta, prioritariamente, no solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) sino también la interpretación que del mismo hace la mencionada Corte. Y todo con el fin de no permitir que ninguna ley, reglamento, acto o disposición del poder público pueda mermar o contrariar las obligaciones internacionalmente adquiridas en esta materia. Nos rige a todos un común derecho internacional de los derechos humanos.

Como decía Kant, desde 1775 en La Paz Perpetua, “La comunidad más o menos estrecha entre los Estados hace que, la violación de un derecho en un país, repercuta en otro o los otros”.

El mensaje toral del Juez Santofimio-Gamboa: “La convencionalidad domina el funcionamiento pleno de los poderes públicos de todos los Estados y del accionar de todas sus autoridades, y particulares”. Aplicada así, sería la plena vigencia y efectividad del Estado Constitucional de Derecho.

Y por supuesto, igualmente, debe de observarse una similar actuación de constitucionalidad, en el sentido que no solamente sus normas, sino también sus principios y valores, rijan día a día la conducta real de los funcionarios y empleados públicos.

No hay mejor manera de hacer patria que aplicando y respetando la Constitución, que a su vez, exige esa aplicación y respeto de los tratados en materia de derechos humanos.

Cumplir el juramento de fidelidad a la Constitución, pues, no es un simple formalismo. Es la puerta de acceso al éxito.

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