Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Justicia Transicional – Justicia Penal

La reparación es necesaria para la reconciliación.

— Antonio Arenales
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Las falaces acusaciones que se nos hacen a quienes nos oponemos a los juicios penales por acciones insurgentes o contrainsurgentes durante el enfrentamiento armado interno, se deben en buena parte a la falsa premisa de que la Justicia transicional requiere justicia penal.

La Justicia Transicional tiene cuatro elementos: Conocimiento de la verdad histórica, reparación a las víctimas; medidas de no repetición: y sanción a los responsables. Este último elemento, la sanción penal puede y debe obviarse cuando una amnistía es necesaria para alcanzar la paz negociada en un conflicto armado, como en el caso guatemalteco. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia del caso “El Mozote” reconoce que lo importante es, que cuando la sanción penal no es posible por la necesidad del fin negociado de un conflicto, no se afecten los otros elementos, verdad, reparación y no repetición. Corresponde a los Estados, afirma la Corte, ponderar entre la necesidad de poner fin al conflicto, que es la causa de las violaciones a los derechos humanos y la justicia penal, sugiriendo la Corte considerar penas alternativas o suspendidas (como se busca en Colombia).

En Guatemala, con Naciones Unidas como moderador, se acordó una amnistía, la cual es conforme a los Convenios de Ginebra, como bien lo afirma la Corte, que expresamente diferencia la amnistía como necesidad en una paz negociada de las autoamnistías que consideró incompatibles en casos de Uruguay, Perú, Chile y Brasil.

Objetar los procesos penales, no significa oponerse a reparar el daño, significa solamente olvidar la sanción penal en aras de la paz negociada.

La reparación es necesaria para la reconciliación, tiene en ello razón Edgar Gutiérrez, pero solo será justa si hay igualdad ante la ley. No puede pretenderse que por haber sido nuestro conflicto “irregular y asimétrico” haya persecución penal a la contrainsurgencia, pero no a la insurgencia y se repare a las víctimas de aquellos y no a las de estos. Si incluimos guerrilleros y sus familias como víctimas, debemos también incluir a los soldados y fuerzas contrainsurgentes; y si bien no toda reparación puede ser igual, es imperativo que la fórmula de establecerla sea de aplicación universal. Se ha llegado a pagar hasta un millón de dólares a una de las “víctimas” de la contrainsurgencia y ni instancias internacionales ni nacionales han reconocido culpas o pagado reparaciones a víctimas de la insurgencia. Los nombres y apellidos de ONG, fundaciones y personas que se han aprovechado de reparaciones y resarcimientos serían muy sencillo investigarlos al Ministerio Público, con una revisión de los pagos que se han hecho por Copredeh y desde las secretarías de la Presidencia mediante acuerdos suscritos en nombre del Estado, sin representatividad ni base legal suficiente. Habemos quienes con todo gusto colaboraríamos con el Ministerio Público en la investigación.

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