Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

La Copredeh debe rendir cuentas

— EDITORIAL
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La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), creada durante el régimen de Jorge Serrano Elías (1991-3), mediante el Acuerdo Gubernativo # 486-91 de fecha 12 de julio de 1991, es una dependencia de apoyo al Presidente de la República en la cuestión de derechos humanos. Sus tareas principales son asesorar al Presidente en materia de derechos humanos, diseñar propuestas de política pública en el tema, monitorear compromisos y formar a los funcionarios en la misma línea, analizar e intervenir en las situaciones que atenten contra los defensores de derechos humanos y darle seguimiento a las recomendaciones de mecanismos internacionales de supervisión de casos.

La Ley del Organismo Ejecutivo admite la existencia de comisiones temporales (de duración limitada) en el Gobierno; sin embargo, la Copredeh es una comisión de duración permanente e indefinida. Desde luego que es una dependencia de apoyo al Presidente en sus funciones, prácticamente tiene las características y atribuciones de una Secretaría de la Presidencia, que, por ende, deberían estar previstas en la ley y no en un acuerdo gubernativo. Por tanto, así como la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) fue creada como un ministerio encubierto (con funciones ministeriales), podría afirmarse que la Copredeh es una suerte de Secretaría de la Presidencia encubierta.

La Copredeh tiene un presupuesto de gasto para este año que asciende a Q 137.8 millones, que solo es superado por la Secretaría de Bienestar Social (Q175 millones) y por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Q140.1 millones). La Secretaría General de la Presidencia, que es constitucional y la más importante del Ejecutivo, solamente cuenta con Q 12 millones.

Empero, la Copredeh, sobre todo desde el régimen de Alfonso Portillo (2000-4), no solo ha sido una dependencia de apoyo al Presidente en materia de derechos humanos, extremo que se justifica plenamente, sino que ha actuado en representación del Estado en el plano internacional, específicamente ante los Sistemas de DD. HH. de Naciones Unidas e Interamericano de DD. HH., sin que el Presidente (quien es el representante del Estado ante la comunidad internacional), a través de la Cancillería, le haya delegado representación alguna.

Es más, abogados de la Copredeh, en ejercicio de mandatos judiciales otorgados por el Procurador General de la Nación (PGN), quien tiene la representación del Estado en el plano nacional (no internacional), presuntamente sin instrucciones expresas e inequívocas del Estado, han otorgado y suscrito Acuerdos de Solución Amigable (ASA) ante la Comisión Interamericana de

  1. HH. (CIDH), así como en nombre del Estado de Guatemala se han allanado a pretensiones de reclamantes en procesos ante la Corte Interamericana de DD. HH., lo que supone la renuncia en juicio del derecho de defensa del Estado, el cual es inalienable e irrenunciable.

Consecuentemente, lo procedente es que el Presidente instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido que, con apego a la Constitución y a la Convención de Viena, asuma inmediatamente las funciones de representación del Estado ante los Sistemas de DD. HH. de Naciones Unidas e Interamericano de DD. HH., así como el seguimiento de los procedimientos internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, el PGN debe exigir una detallada rendición de cuentas a los abogados de la

Copredeh que ejercieron mandatos judiciales en relación a sus actuaciones; la Contraloría de Cuentas debe iniciar una auditoría sobre las ejecuciones presupuestarias de Copredeh; la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso debe fiscalizar e investigar las actuaciones de los funcionarios de la Copredeh en el plano internacional; la Secretaría de la Paz, a través del Programa Nacional de Resarcimiento, debe asumir el pago de los resarcimientos derivados de los ASA y de las condenas de la Corte Interamericana de DD. HH. que son consecuencia del enfrentamiento armado interno; y el Ministerio Público, en su caso, debe iniciar las investigaciones pertinentes.

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