Viernes 23 DE Agosto DE 2019
Opinión

La economía del centavo, y la ley de microfinancieras

Actúan como banca de segundo piso, complementando la actividad bancaria regulada.

Fecha de publicación: 01-09-16
Por: Juan José Micheo Fuentes

Los mercados laborales en los países pobres son incapaces de absorber la mano de obra que debiera incorporarse al sector productivo. En Guatemala, cada año 200 mil jóvenes buscan una oportunidad de empleo y solo 25 mil lo consiguen. Ante la imposibilidad de encontrar una ocupación estable no les queda más que hacer trabajos temporales, labores cuenta-propia, trasladarse del campo a la ciudad o emigrar a otros países en búsqueda de un futuro mejor.

 En nuestro país el sector informal es el mayor empleador, tan importante es su incidencia que cuatro de cada cinco empleos le pertenecen. Los ingresos de las personas que trabajan en la denominada economía sumergida son bajos y no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Los pequeños empresarios de esa economía trabajan con escaso capital, la tecnología de sus negocios es rudimentaria y sus capacidades técnicas limitadas. La mayoría no goza de acceso al crédito y están excluidos de la seguridad social.

A pesar de los riesgos que conlleva financiar a pequeños empresarios y personas sin récord crediticio, un grupo importante de cooperativas de ahorro y crédito, bancos privados con enfoque social, fundaciones y organismos no gubernamentales desde hace más de cuarenta años se aventuraron a dar préstamos a esos mercados. Dichas entidades ofrecen micro créditos (Q2 mil 500 a Q30 mil) abren cuentas de ahorro, comercializan tarjetas de crédito y débito, transfieren remesas familiares y más recientemente venden seguros de precio módico. Actúan como banca de segundo piso, complementando la actividad bancaria regulada.

Es importante señalar que no todos los pobres son sujetos de crédito de esas entidades, pero llegan a serlo toda vez que demuestren capacidad de pago. En publicación dada a conocer por este mismo medio se informaba que hay 250 cooperativas de ahorro y crédito. Entre ellas, hay 25 asociaciones agrupadas en el sistema Micoope (federación de cooperativas) que suma activos por Q10 millardos, un millón seis cientos mil miembros, 752 puntos de servicio y una cartera crediticia de Q7.7 millardos a julio de 2016, cifra respetable que se equipara al quinto banco más grande del país; además cuenta con un fondo para resguardar los ahorros de los clientes hasta por un monto de cien mil quetzales.

Solo esas cifras dan una idea de la importancia del sector financiero cooperativo, a lo que hay que agregar entidades no gubernamentales que movilizan recursos sin un marco legal que garantice los fondos recibidos del público; esa deficiencia ha dado origen a fraudes y malversaciones. El sistema opera con índices de mora razonable y manejo administrativo aceptable. Las tasas de interés en préstamos oscila entre el 15 al 26 por ciento al año sobre saldos.

El mayor desafío que enfrentan estas instituciones es mantenerse solventes y líquidas para ser autosostenibles. Hasta el momento se han autorregulado, pero dada su magnitud el Organismo Ejecutivo recientemente emitió la Ley de Microfinanzas Decreto número 25-2016 que requiere a las entidades contar con montos de capital mínimo entre quince y cuarenta millones de quetzales para calificarse. Con esa normativa se buscaba ordenar el mercado; pero desafortunadamente no sucederá así debido a que la mayoría de entidades cuentan con capitales modestos. Hubiera sido preferible requerir un capital del diez por ciento sobre los activos de cada entidad, con un capital pagado mínimo de dos millones de quetzales, para incorporarlas al mercado regulado por los beneficios que ello representa, al igual como acontece en otros países de la región. La motivación principal era fomentar el mercado y no limitarlo con reglas imposibles de cumplir.

No obstante la economía del centavo seguirá en marcha. Atendiendo a los ciudadanos excluidos, a los sin garantía, a los que contribuyen al engrandecimiento del país sin ningún apoyo gubernamental; y que ponen día a día su propio esfuerzo, penurias y desventaja ancestral por el bienestar de su familia y comunidad. Señores Diputados una enmienda a la normativa emitida se hace necesaria, si es que en verdad queremos impulsar el desarrollo de los pequeños emprendimientos.