Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Opinión

¿Un impuesto al azúcar y comida chatarra?: A propósito de la reforma fiscal

“Las enfermedades crónicas, no contagiosas y paradójicamente evitables, crecieron vertiginosamente y llegaron para quedarse y no abandonar al enfermo hasta el día de su muerte” (Economía Preventiva: Un nuevo horizonte, Conferencia Interamericana de Seguridad Social).

— Edgar Balsells
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Si algún tema ha sido muy comentado, a propósito del frustrado coctel tributario del Ministerio de Finanzas, es el de los impuestos específicos a determinadas actividades. El cemento, la telefonía y la gasolina se ganaron la atención del público. Sin embargo, ahora que tenemos una Ministra de Salud familiarizada con lo preventivo, que tal si hablamos del tabaco, los licores, las bebidas azucaradas, y por supuesto la comida chatarra.

Guatemala es uno de los países latinoamericanos que mayor proporción dedica al denominado gasto de bolsillo en salud, que quiere decir simplemente que la mayor parte de las enfermedades es cubierta por el presupuesto de los hogares, sin recurrir a seguro médico ni a la seguridad social o a la salud pública. Y uno se pregunta, al hacer un recorrido por las denominadas reformas sectoriales de la salud que se han promovido desde los noventa, si las mismas no fueron un esfuerzo deliberado para caer en la trampa de la salud sin cobertura.

Pero como de soluciones se trata la vida, podemos inferir en primer término que no estamos solos en esta crisis, y nuestros vecinos mexicanos, con quienes tenemos la misma configuración genética, nos dan una primera luz al final del túnel.

Según lo publica la revista Proceso, de acuerdo con declaraciones de Mikel Arriola, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS– la epidemia de diabetes está a punto de colapsar el sistema de salud pública, y el funcionario invita a atacar el problema precisamente con políticas públicas, siendo que los detonadores de dicha enfermedad son el alto consumo de bebidas azucaradas y de comida chatarra.

Según la Secretaría de Salud, cada año una persona consume 163 litros de refresco en promedio, y el impacto de la obesidad y el sobrepeso –factores importantes para explicar la diabetes– tienen un costo directo de 151 mil millones de pesos. Unos US$9 mil millones.

La primera medida de Arriola ha sido el retiro del consumo de tales comidas de las guarderías del IMSS y de otros centros de proyección. Recordemos que los mexicanos ya vienen conviviendo con el denominado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que consiste en la aplicación de una tasa del diez por ciento al consumo de bebidas azucaradas, pese a la contundente oposición de la lucrativa industria refresquera.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el año pasado se recaudaron 37 mil 325 millones de pesos, unos US$2 mil 185 millones, que tienen un destino general en las arcas del fisco, estando actualmente un proyecto de ley en la Cámara de diputados para subir el impuesto y dedicar específicamente recursos a la salud pública.

El ejemplo mexicano se ha irrigado en Europa y en el Reino Unido hay toda una gran discusión pública alrededor de este impuesto y sobre las campañas preventivas para proteger principalmente a los niños y los adolescentes y educarlos hacia un patrón más sano de vida. Está proliferando entonces en el mundo la hoy denominada Economía Preventiva.

El tema tiene todo un respaldo científico, recomiendo al lector acucioso la investigación titulada Economía Preventiva: un nuevo horizonte, políticas públicas para una nueva generación, patrocinada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en donde participaron expertos como el doctor Leonard Guarente, Director del Laboratorio Glenn para la Ciencia del Envejecimiento del Massachussetts Institute of Technology –MIT–.

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