Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Opinión

A propósito de las compras y contrataciones del Estado

— Jose Rubén Zamora
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La resistencia feroz que existe en Guatemala para erradicar la corrupción, es, literalmente, una muralla china, blindada e infranqueable, que daría incluso envidia al extravagante fascista Donald Trump.

Parece de chiste, pero se cambian y modifican las leyes para aumentar exponencialmente sus vicios, desvíos, abusos y excesos. Persiste la costumbre siniestra y enraizada de impulsar cambios para que nada cambie.

Todo apunta a que será indispensable acudir a recursos extremos para superar muchos de los problemas, vicios y abusos seculares que nos afectan, pero que los gobernantes y diputados insisten en negar o evadir. Uno de estos casos patéticos es el de las compras y contrataciones con recursos públicos, las cuales están reguladas por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

No obstante, la Ley de Compras y Contrataciones de “nueva generación”, de reciente confección, el despilfarro y saqueo de cientos de millones de quetzales sigue imparable. En lo que va del año, según el portal Guatecompras, las entidades del Organismo Ejecutivo han gastado Q765 millones por la vía de la compra directa, sin transparencia y sin competencia y han hecho contrataciones por Q1.822 millardos bajo la modalidad de casos de excepción, a dedo, de manera obscura.

En todos estos casos sin acudir a un mínimo proceso de concurso público, para identificar las mejores opciones de contratación de los productos o servicios que se adquieren.

El presidente Morales afirmó hace unos días que se ha recuperado la moral tributaria de la ciudadanía, y que esta razón es suficiente, como por arte de magia, para incrementar impuestos que permitan hacer frente a las crecientes necesidades de recursos del Estado. Pero el mandatario omitió hablar del destino que se está dando a los supuestos ingresos provenientes de la tributación incremental, que, según los magos de las finanzas públicas, tendría lugar. A la luz de las cifras previstas, queda claro que el destino está muy lejos de ser el adecuado, y por lo tanto, resulta inadmisible, el aumento impositivo propuesto por el ministro encargado de las finanzas del Estado, principal promotor de esta iniciativa, que busca llevar más dinero para negocios oscuros, ahora práctica común, gracias a la célebre reforma a la Ley de Compras y Contrataciones, presentada por el entonces ministro de Finanzas, Dorval Carías y elaborada en conjunto con el director del Icefi Ricardo Barrientos, conocida como la iniciativa Dorival-Icefi.

Los cambios apresurados que fueron realizados, más parecen esfuerzos destinados a taparle el ojo al macho a la ciudadanía indignada, que dirigidos a terminar con la corrupción galopante que nos aflige. Hasta se llega a experimentar malos pensamientos y creer que los apresurados cambios, obedecieron a una perversidad orientada a imponer deliberadamente la contratación directa, sin un proceso transparente de evaluación de opciones que sea la regla y no la excepción, como debería suceder.

Después de todo, este ex Ministro fue quien desde Finanzas dio continuidad a la gestión de La Línea en la SAT, iniciada por su exjefe y padrino Pavel Centeno.

Un escuadrón suicida parece ser la única opción que podría estar dispuesta a enfrentar a esta red de corrupción en torno a las contrataciones del Estado, en la que diputados, contratistas y funcionarios (con sus excepcionales asesores), se coluden para evitar que se apliquen soluciones reales a los procesos sujetos a la legislación, y de esta manera la danza de los cientos de millones de quetzales en contratos oscuros y comisiones turbias continúe incesante.

El escenario se agrava cuando el Ministro de Finanzas, un genuino Harry Potter tropical, en su mundo de ficción, cree, ilusamente, que los problemas se resolverán, simplemente, al aumentar los ingresos fiscales, por medio de un paquete tributario desafortunado. El propio Ministro de Finanzas debería ser el más interesado en que los problemas causados por esta ley se resuelvan, porque bajo su responsabilidad están quedando todas las irregularidades que se siguen cometiendo. Además de cerrar el chorro a los fideicomisos y oenegés de dudoso impacto y buscar la eliminación de las obligaciones legales que tienen amarrados los recursos del fisco y los pactos colectivos onerosos y lesivos con los sindicatos del Estado, fundamentalmente en los campos de la educación y la salud.

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