Lunes 19 DE Noviembre DE 2018
Opinión

El infierno antes de morir

Debe diseñarse e implementarse un proyecto de nación.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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La conflictividad originada de problemas no resueltos, demandas postergadas y necesidades insatisfechas se está tornando crítica y desbordante en esta etapa de rezago económico y de tensiones sociales. Muchos “no pobres” siguen cayendo en la pobreza y muchos pobres viven en condiciones de exclusión y extrema vulnerabilidad (hambre, enfermedad y desprotección).

Por cierto, cabe advertir que si cuaja la nueva iniciativa tributaria del gobierno, que se fundamenta en la confiscación de los ingresos de la clase media (profesionales, medianos y pequeños empresarios, trabajadores calificados, técnicos, estudiantes universitarios, maestros) y en la erosión del poder adquisitivo de la población, más “no pobres” caerán en la pobreza, lo que se traducirá en más inconformidad, frustración, emigración y crimen.

Todos sabemos que los conflictos irresolutos tienden a agravarse y casi siempre desembocan en violencia, destrucción y muerte. Además, la espiral de conflictos propicia un clima de temor, zozobra, intranquilidad e incertidumbre. Asimismo, la cultura de la confrontación, la intolerancia, el irrespeto al otro y la provocación que impera en nuestro país, nos aleja inexorablemente de la armonía en la diferencia y potencia el odio, el rencor y el rechazo. En todo caso, la ausencia de cooperación, diálogo y negociación obstaculiza e impide la solución pacífica de los conflictos.

Por otro lado, la justicia oficial, además de que no goza de confianza y fiabilidad, acusa problemas crónicos de falta de acceso y cobertura, lo que redunda en que la población, en lugar de que recurra a las autoridades para dirimir sus disputas, está acudiendo a “sistemas paralelos de justicia” o, simplemente, está haciendo justicia por propia mano (venganzas, linchamientos y demás), para “defenderse” y asegurarse que las presuntas transgresiones o delitos no queden sin castigo. Lo anterior sin perjuicio de que la justicia oficial es impotente para combatir la economía brutal, de la que se nutre el crimen organizado nacional y transnacional y las redes de maras, y que surge y prospera en el contexto de los negocios ilícitos y clandestinos, como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas, el secuestro, la extorsión, el lavado, el robo de vehículos, la trata y el tráfico de personas, entre otros.

Los partidos políticos tampoco son intermediarios eficaces entre la población y el poder público, extremo que impide que, a través de la acción política, se escuche a la gente, se atiendan sus necesidades y se desactiven focos de tensión social. De hecho, los políticos han renunciado a operar como catalizadores que favorezcan las interrelaciones, la comunicación, la cooperación, la negociación, la intervención y los pactos, en función de dar respuesta a las demandas y reclamos. Por el contrario, la codicia, la ambición y el lucro se han apoderado de la clase política, dando pábulo a la burocratización, al despilfarro y a la indisciplina fiscal en el sector público, así como al demencial “clientelismo político” y a la obscena “cleptocracia”, en menoscabo, por supuesto, de los servicios públicos esenciales (justicia, seguridad, educación, salud, transporte, nutrición, infraestructura física) y del bienestar general.

Por otro lado, la estructura de privilegios, que impide la consecución de un capitalismo popular, sustentado en la plena vigencia de los principios de la economía social de mercado (protección de la propiedad privada, sistema de precios reales, libre competencia, libertad de contratación, prohibición de monopolios y privilegios, sólida institucionalidad democrático republicana, subsidiariedad y solidaridad), también es una fuente inagotable de injusticias, discriminaciones, negación de oportunidades, inmovilismo social, frustración, privación y miseria, que, finalmente, se traducen en más desesperación y conflictos, así como en más confrontación y violencia.

De suerte que antes que esta volcánica conflictividad se convierta en el infierno antes de morir, el gobierno y las elites económicas, políticas y sociales, anteponiendo el interés general al particular, deben consensuar y suscribir acuerdos integrales de corto, mediano y largo plazo, así como diseñar e implementar un proyecto de nación, basado en mínimos irreductibles y máximos deseables, que devuelvan a nuestra sociedad la certeza y la esperanza, y nos permitan la construcción de un futuro de prosperidad y paz social.

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