Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Déficits de la reforma tributaria

Transparencia, prioridades y calidad de gasto.

 

— Édgar Gutiérrez
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Respecto de tributos en este año ocurre, gracias a la nueva administración de la SAT, un escarmiento sin precedentes a grandes y medianos evasores que tendrá un impacto en la cultura del pago de impuestos, así como en la carga tributaria elevándola a finales de este año del 9.9 por ciento previsto a un 10.2 por ciento. El clima social instalado es enteramente favorable al fortalecimiento de la base financiera del Estado, que se refleja hasta en los tribunales ordenando la intervención de varios negocios tradicionalmente intocables.

Ese clima sin embargo se puede perder si el Congreso de la República no le corrige la plana al poder Ejecutivo. Las reformas fiscales son de dos vías: recaudación y gasto, bajo reglas de transparencia. La SAT está recuperando la capacidad de recaudación tributaria y las reformas a su ley orgánica fortalecerán su institucionalidad, aunque no lo suficiente como lo demanda la ocasión. La propuesta de ajuste de tasas que envió el Ejecutivo la semana pasada al Congreso tiene asuntos positivos y otros contraproducentes (como gravar la distribución del diésel, que repercute socialmente, y no las gasolinas, que se absorbe privadamente), amén de que no guarda coherencia interna, por lo que las cuentas de incrementar en un 1.1 por ciento la carga, puede que resulten demasiado optimistas.

Pero esa no es la debilidad principal de la propuesta. Lo es que no adjunta medidas de transparencia ni de calidad de gasto. Por ejemplo, no se dice nada sobre el gasto discrecional a través de diez fideicomisos que en 2015 manejaron Q3.4 millardos, de los cuales de Covial fueron Q1.02 millardos y Q780 millones del Fondo de Solidaridad. Y qué decir del presupuesto de la Municipalidad de Guatemala que enteramente se maneja como chequera personal del alcalde. Tampoco hay una palabra sobre las transferencias de capital a los Codedes y entidades fuera del sector público que suman Q10 millardos, y otros rubros vulnerables de la administración pública, como la compra de alimentos para personas

(Q1.8 millardos), los dragados de ríos y cuencas, sin supervisión y de dudosa ejecución (Q1.2 millardos), adquisición de productos farmacéuticos (Q821 millones), arrendamientos (Q414 millones), publicidad (Q385 millones), combustible (Q370 millones) y un extenso etcétera que hace un total de Q4.4 millardos.

Entre los extremos del péndulo (que son, adormecer la reforma mediante consultas y mesas técnicas interminables, y aprobar a rajatabla, como ordenó Otto Pérez en 2012, con evidentes efectos adversos), el Congreso tiene que conducir ahora la reforma al justo medio: medidas tributarias progresivas y sostenibles de buen rendimiento, disposiciones de transparencia, cerrando la brecha a la discrecionalidad, e indicadores de calidad y cumplimiento de políticas prioritarias, susceptibles de ser calificadas objetivamente por la Contraloría General de Cuentas.

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