Domingo 24 DE Marzo DE 2019
Opinión

Los enemigos del esfuerzo, sin parangón en el mundo, MP-CICIG (I parte)

“No es a la Fiscal General de la República, ni al Comisionado de la CICIG, a quienes les corresponde hacerse cargo de la gobernabilidad del país”.

— Acisclo Valladares Molina
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La frase citada que encabeza este artículo pertenece a Edgar Gutiérrez, Ex Canciller de la República, permitiéndome matizarla en cuanto a que no solo no les corresponde sino que –de hacerlo– estarían rebasando el límite de sus funciones, límite fijado a la Fiscal por la Constitución y por las leyes y, al Comisionado, no solo por estas sino, además, por el Convenio celebrado entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, convenio que las rige.

Anteriormente, y en diversas ocasiones, me he permitido prevenir que no se puede lograr la construcción de un Estado de Derecho con el atropello de las leyes, permitiéndome prevenir, en este caso, que podrían atropellarse si se rebasa el límite de las funciones que a las entidades les competen, amén de que no es lo mismo Chana que Juana –es decir– la persecución penal y la organización política del Estado.

Pienso, por otra parte, que es demasiado cuanto les corresponde hacer al Ministerio Público-CICIG como para que se aventuren, además, a otros espacios, aventura que bien puede distraerles de lograr la culminación de lo emprendido.

No es lo mismo acusar –y a ello específicamente me refiero– que probar en juicio.

La acusación, al final de cuentas, no es sino el ejercicio –un tanto más severo– del derecho de petición y una cosa es pedir y otra –muy distinta– obtener el resultado.

Jamás objeté a la CICIG –importante esfuerzo institucional guatemalteco– sin parangón en el mundo –y que lograra concretarse a través del convenio celebrado entre el Estado de Guatemala y la ONU (la Organización de las Naciones Unidas) dándose origen al establecimiento de una Comisión Internacional Independiente que viniera a coadyuvar en la lucha en contra de la impunidad –la infracción de la ley no castigada– lucha que debían realizar las instituciones nacionales, especialmente, el Ministerio Público, institución que tiene a su cargo la persecución penal en Representación del Estado, y en la que, en determinados delitos, parecían por estos rebasadas y con el fin último –toda comisión es temporal– solo nosotros las hacemos eternas (¿Cuánto tiempo lleva, por cierto, la Comisión Portuaria?) de transferir sus capacidades a las instituciones nacionales.

Jamás objeté a la CICIG –decía– pero siempre me lamenté que tuviéramos que acudir a un tercero para hacer lo que debíamos hacer nosotros, previniendo –también– que podría incrementar –efecto no querido– la irresponsabilidad de nuestras instituciones, escondidas en sus naguas y que posadas sobre el buey –como la mosquita de la historia– se creyeran arando…

En las acusaciones formuladas por el MP-CICIG, como en todo, hay mucha tela que cortar y, así, por ejemplo, en el caso concreto de La Línea uno, la acusación que se ha formulado en contra del exmandatario –tan mal formulada y sustentada está que –sin necesidad de comentario alguno– constituye la mejor de sus defensas.

Difícil, laboriosa, esforzada, la labor que pende sobre el Ministerio Público-CICIG para llevar a buen término los procesos iniciados –ese es el campo específico de sus atribuciones– como para que –además– reitero –quiera echarse sobre sus espaldas la organización política del Estado y la gobernabilidad del país, tarea que, además de sobrepasar sus atribuciones, también sobrepasa –y con creces– la capacidad de sus espaldas.

Corresponde al Ministerio Público –sin límite alguno– velar por el estricto cumplimiento de las leyes, desde la Constitución Política de la República hasta el último de los reglamentos y, si incumplidos –su función más visible– perseguir a sus infractores hasta obtener la reparación y el castigo.

Cumpla el Ministerio Público con esa primera función que le corresponde –la olvidada– velar por el estricto cumplimiento de las leyes que, si estas se cumplen –sin más– tendríamos una Guatemala distinta. 

La experiencia CICIG puede ser alentadora para muchos países –no es a Guatemala, que conste, a quien le corresponde exportarla– y se trata de una experiencia que en mucho ha enriquecido a la propia Organización de las Naciones Unidas, sus puertas abiertas –de par en par– para quienes se atrevan a intentarla. 

Organizar políticamente el Estado y lograr la gobernabilidad de un país es algo que trasciende, y con creces, de la persecución penal y, es más, que si confundidas con esta las actividades citadas nos puede llevar a un resultado que podría ser abominable, la instrumentalización política de la persecución penal y la justicia. ¡Cuidado!

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