Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Equidad fiscal

Impuestos progresivos = Estado fuerte, inclusivo y democrático.

— Franco Martínez Mont
Más noticias que te pueden interesar

La marejada de discursos entre el CACIF, Ejecutivo, partidos políticos y sociedad civil sobre el paquetazo tributario –la propuesta no tiene visos de reforma fiscal integral–, refleja nuevamente las precarias condiciones para la formación de la voluntad colectiva, esa que es necesaria para hacer realidad el ASESA, para construir los cimientos desde la economía política de un Estado para el bienestar común, de un Estado para el empoderamiento de las clases medias y de los históricamente excluidos, de los de abajo, de esos sujetos que le dan sostenibilidad financiera al Leviatán y al capital.

La propuesta de JM se centra en incrementar las tasas del ISR, regalías mineras, distribución del cemento e hidrocarburos, con lo cual el Estado percibiría ingresos para 2017 por Q5.8 millardos (incremento de 1.1 con respecto al PIB).

A priori podríamos pensar que las modificaciones a las tasas impositivas afectan al sector empresarial (el gruñido de la Cámara de Comercio se traduce en “acciones de inconstitucionalidad” ante la CC). Sin embargo, desde la real politik los principales actores afectados en el caso de gravar los hidrocarburos serían las Mipymes agrícolas, usuarios del transporte y los hogares que utilizan energía eléctrica, aunado al inevitable encarecimiento de los alimentos.

En esencia, se castiga –como siempre– al consumidor final, me temo que también sucederá lo mismo al modificar el impuesto del cemento, aunque es imperativo que dicho monopolio degradador laboral y medioambientalmente –además de ser foco de conflictividad– se regule en función del libre mercado y de la equidad fiscal.

Con respecto al incremento del ISR estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando estos ingresos institucionalicen la política de desarrollo social del Estado (salud preventiva, educación intercultural, vivienda popular, seguridad comunitaria y empleo juvenil), es decir, que provoquen una redistribución indirecta del ingreso para los sectores con mayor desigualdad socioeconómica.

La primera batalla tecnocrática se ha librado, pero aún falta la disputa económica-política, la cual se ventilará en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, allí las relaciones de poder serán vibrantes entre los operadores politécnicos del búnker empresarial: ATAL (CACIF, Fundesa, CIEN y la Fundación Guatemala 2020), los bloques legislativos ¿Existe consenso político entre la izquierda partidaria?, los organismos multilaterales de crédito y Minfin, veamos que produce el segundo round.

framont@gmail.com

Etiquetas: