Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Opinión

A propósito de la política fiscal

— Jose Rubén Zamora
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Desde 2008 la política fiscal de Guatemala se ha caracterizado por crecientes déficits acumulados, que han sido financiados contratando deuda pública, la cual, a la vez, progresivamente se ha ido abultando hasta alcanzar los límites que la prudencia aconseja. Y todo apunta a que, de seguir este patrón en las finanzas públicas, la economía del país terminará por salirse del camino.

Con el agravante de que el Presupuesto del Estado, lejos de orientarse a trabajar sobre los grandes rezagos y brechas sociales, se ha desviado y destinado a alimentar la voraz e insaciable corrupción de la cleptocracia y la amalgama de intereses siniestros que esta representa.

De momento la situación económica y financiera del país se ha visto muy favorecida por la drástica y sostenida reducción de los precios del petróleo; las tasas de interés internacionales que han estado situadas prácticamente en cero; el ingreso de capitales golondrina o turista que, por cierto, han anclado artificialmente el tipo de cambio, y los precios internos y la inflación mundial, cuya evolución ha sido muy moderada.

Sin embargo, la coyuntura económica y financiera mundial empieza a revertirse. Las tasas de interés internacionales han empezado a aumentar lenta pero consistentemente y, más temprano que tarde, Guatemala enfrentará un escenario internacional adverso, que, combinado con las políticas fiscales imprudentes e irresponsables, arriba descritas, nos llevarán a conocer el infierno antes de morirnos.

La solución a nuestros desafíos financieros pasa necesariamente por aumentar los ingresos fiscales.

Pero no tiene sentido ni validez hablar de reforma fiscal sin antes reorientar radical y drásticamente el gasto público. Se estima que Q20 millardos del gasto público se van, sin ningún control ni rendición de cuentas, a un agujero negro y terminan en el barril sin fondo de la corrupción.

Es, además, indispensable recortar recursos en entidades y programas donde el desperdicio y la ineficiencia son evidentes o carecen de impacto social.

Es fundamental revisar y en algunos casos eliminar los montos que la Constitución asigna arbitrariamente para determinadas entidades e instituciones sin razón ni sentido de prioridades. Se deben asimismo eliminar los pactos colectivos lesivos y onerosos para el Estado, y que con clientelismo descarado se han establecido con los sindicatos gubernamentales.

Es clave implantar una Ley de Contrataciones de vanguardia y clase mundial, que garantice la competencia abierta y la transparencia en las compras y contrataciones del Estado. Se debe erradicar la ejecución de obras públicas a través de oenegés, fideicomisos y contratos de administración.

Se debe establecer autonomía política y financiera a la Contraloría General de Cuentas, y alentar múltiples instancias, organismos y mecanismos de control ciudadano del gasto y la contratación pública, de suerte de poder garantizar una rigurosa rendición de cuentas.

Es de importancia capital terminar de tajo con la defraudación tributaria en las aduanas, que sigue superando los Q10 millardos y la evasión y la elusión, que representan al menos otros Q8 millardos.

Solo después de observar esfuerzos serios y categóricos del Estado en estos campos, será posible estimar la dimensión objetiva de la carga tributaria que Guatemala demanda, y entonces sí, la ciudadanía sabrá responder al reto de aumentar los indispensables ingresos fiscales, con equidad y justicia.

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