Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Reforma electoral de fondo

De no lograrse, la vieja política nos habrá ganado la batalla.

 

— Mario A. García Lara
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La debilidad institucional y disfuncionalidad del sistema electoral es una de las principales razones de la ineficiencia estatal y la corrupción que hemos experimentado como país desde hace años. Por eso vale la pena insistir sobre el asunto ahora que se está discutiendo una segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP–, luego de las tímidas y superficiales reformas aprobadas en abril.

Por desgracia, existe mucha dispersión y multiplicidad de temas sobre la mesa, debido quizá al deseo de resolver una serie de síntomas que afectan al sistema electoral. El riesgo es que al enfocarse en resolver los síntomas se desatienden los problemas de fondo. Muchas de las propuestas son además muy polémicas, lo que dificulta los consensos. Por ejemplo, prohibir la reelección, prohibir el financiamiento privado a las campañas electorales, prohibir que personas sin estudios formales sean candidatos, obligar a cuotas (por etnia, género o edad) en los listados de candidatos, reducir la cantidad de diputados, o prohibir candidaturas por “falta de honorabilidad”.

Este tipo de normas, aunque bien intencionadas, nunca han sido necesarias ni generalizadas en los sistemas electorales de las democracias más avanzadas del mundo. La insistencia en introducir este tipo de temas en la reforma a la LEPP no solo dificulta llegar a acuerdos sino que, más grave aún, distrae la atención de los temas de fondo que verdaderamente hay que corregir, lo cual llena de regocijo a los adalides de la “vieja política”.

Los tres problemas de fondo que los políticos tradicionales siempre se han resistido a resolver son, en primer lugar, la terrible debilidad institucional de los partidos políticos, que durante años mutaron perversamente hasta convertirse en franquicias o vehículos desechables para acceder al poder, con el único fin de enriquecer a sus dirigentes mediante la apropiación indebida de los recursos financieros del Estado.

El segundo problema de fondo es la casi inexistente representatividad de los funcionarios electos, ya que el votante no puede elegir al representante de su elección pues está limitado a optar por un listado cerrado previamente definido por las cúpulas partidarias. Y el tercero es la patética debilidad del Tribunal Supremo Electoral que, afectado por su falta de independencia, ha sido incapaz de sancionar oportuna y ecuánimemente a los transgresores de la ley.

Para ello, la reforma de los partidos políticos debería incluir que el voto en las asambleas sea secreto, la descentralización de la toma de decisiones, la inclusión de criterios de representación de minorías en la elección de órganos partidarios y la obligación de tener programas permanentes de formación política. Las reformas para mejorar la representatividad democrática debería incluir la posibilidad de reordenar los listados de candidatos (quizá mediante la adopción de listas semi-abiertas), de manera que el elector pueda elegir directamente al representante que desee. Y el fortalecimiento del TSE debería incluir una reforma de su gobernanza para que el pleno de magistrados sea más independiente, mediante un aumento de su periodo en el cargo, la elección escalonada de los magistrados, la dedicación a jurisdiccionales (no administrativas), y el fortalecimiento de la carrera administrativa.

Este es el tipo de reformas que debería concitar un amplio consenso entre quienes queremos un cambio profundo a nuestro ya agotado sistema electoral. De no lograrse, la vieja política nos habrá ganado la batalla.

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