Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

El Comiso ¿Parte final?

Si, además de lo académico, pudiera tener este trabajo otro buen fin, se los doy con mis dos manos.

— Acisclo Valladares Molina
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Como ya me permití explicarlo (podría llamarse este artículo “El Comiso, parte final”), el objetivo final del concurso de delitos perpetrado en el caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, era –y sigue siendo– la defraudación del patrimonio del Estado, defraudación a realizarse por medio de la explotación de un bien público –estratégico terreno contiguo a las instalaciones de Puerto Quetzal– sumado a este–como instrumento del delito– una cuantiosa inversión para hacerlo rentable y consumar, así, la defraudación buscada: hacerse de desproporcionadas ganancias en perjuicio del Estado.

Para poder defraudar al Estado, sustrayendo de este la posibilidad de tener los ingresos portuarios en la proporción adecuada, se hacía preciso invertir en el bien adquirido ya que, sin esa inversión. no podía llegarse a la explotación de la Terminal de Contenedores y a la consumación de delito, la indebida renta a percibirse a costa del Estado.

Toda inversión, por ende, incluso la bancaria, fueron –y siguen siendo– instrumentos necesarios para la consumación del concurso de delitos perpetrado. Uno de los efectos de la sentencia penal condenatoria es hacer que los instrumentos del delito caigan en comiso –es decir– que pasen a poder del Estado, que nada tiene que ver con los daños y perjuicios.

El comiso es una pena y no constituye resarcimiento alguno. El objeto de una intervención, cara al comiso, sería la administración del bien, las inversiones incorporadas –instrumento que son estas del delito– con el fin de asegurar el cumplimiento de la pena.

Así como la prisión preventiva asegura la presencia de los imputados, la intervención, la de los bienes. La intervención penal sobre una empresa, contrariamente a la civil, puede extenderse más allá del control y manejo de su caja. 

La intervención que rige no surgió de un tribunal penal sino de uno de extinción de dominio, institución que no es propia de la tradición jurídica y –de hecho– recogida en limitados países.

Se persigue la extinción de dominio sobre bienes mal habidos y la carga de la prueba se invierte de tal forma que corresponde probar al aparente propietario la procedencia legítima del bien de que se trate.

En el caso de la intervención de la Terminal de Contenedores –además de señalar la importancia de que se fijasen los honorarios del interventor, auxiliar que es del tribunal–, me permití preguntarme si sería ilegítimo el origen de los recursos invertidos, es decir, ilegítima la procedencia de los recursos utilizados por los empresarios españoles, incluidos los bancarios) ilegitimidad que constituye el ámbito propio de la extinción de dominio.

Si el origen fuese legítimo, aunque hubieren sido usados como instrumento del delito, no es la extinción de dominio lo aplicable sino la pena de comiso, una diferencia no semántica.Impuesta la pena de comiso, tras el debido proceso –no existe discrecionalidad alguna–: Como pena, pertenece al Estado lo invertido. La pena de comiso no es “transable” y no se si lo sea la extinción de dominio, decisión esta que no constituye pena alguna y que corresponde –como explicado– a un ámbito distinto.

¿Una cifra a pagar, para evitar el comiso? ¿Para evitar la extinción de dominio? ¿Para indemnizar a la víctima, el Estado? ¿Derivada, acaso, del contrato nulo? ¿Qué justifica el monto? 

El problema académico  es que –sin la transparencia y la sustentación debidas–, podría llegar a percibirse lo planteado como una extorsión, peligrosa esta percepción en los mercados.

Más allá de lo jurídico, lo portuario es un costo, tanto para exportaciones como para importaciones y sabido es que no hay almuerzo gratis. Más claro aún ¿Quién pagará el almuerzo?

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