Martes 13 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Sobre la guerra… III parte

El elemento específico de la juridicidad reside en lo que es la reguladora de nuestras acciones.

— Víctor Hugo Martínez
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El carácter de politicidad de la ley es referida necesariamente al Estado, o sea, el que gobierna el país por medio de las leyes constitutivas de la nación –la Constitución del Estado–, toda la actividad jurídica que debe regular el orden y la justicia. La distinción por el carácter de racionalidad es porque la Ley Civil se acomoda a una más amplia categoría de la moralidad humana.

La ley no es por sí misma ley, Jus (justicia) hablándolo propiamente sino que es la ordenación a la razón del derecho. La ley implica relación con el derecho –lo que se posee con derecho– sino que es la adecuación de la razón y el derecho. La ley implica por eso relación con el derecho, que es una manifestación y este a su vez, implica relación con la fuerza –virtud– de la justicia. El derecho es presentado como norma de las actividades externas de la persona humana que posee la característica de racionalidad: basada en la sustancia individual-racional de su propia naturaleza. Es una actividad para que el hombre manifieste su propia dignidad y por ello es racional y por lo mismo ético, exigencia de la dignidad, es lo mismo que ético y moral, que consiste en obrar conforme a la razón, según la ley del ser y que debe regir el pensamiento como una realidad individual y social.

El elemento específico de la juridicidad reside en lo que es la reguladora de nuestras acciones en cuanto se refiere a otros seres humanos. Es esta la virtud, la fuerza o energía del espíritu humano que de las acciones repetidas, dichas acciones se convierten en hábitos –costumbre– y la costumbre vive y actúa en el ser humano que es la regulación en las relaciones humanas, entre persona y persona, con las demás personas y el Estado; así surge realmente el derecho, pues si es entendida la actividad humana; es regulada por la justicia que guarda el orden y las relaciones intrínsecas con la sociedad perfecta y el fin de ella es el bien común. Cuando no se cumplen estas relaciones humanas por la justicia es una deuda para con las otras personas porque no se guarda la igualdad, o sea “debitum” y la razón por la cual se constituye la justicia que está ordenada al bien común y que está indicada por la voz de la realidad misma, o sea la existencia humana que poseemos la misma naturaleza de la ordenanza, o sea la juridicidad natural que exige el derecho positivo que no es opuesto sino inspirado por el derecho natural, así las leyes del ser o de la racionalidad, son la raíz que rige toda la racionalidad y la raíz que exige la juridicidad natural como la juridicidad positiva.

La unión de la actividad jurídica con las leyes del ser como lo expresó Santo Tomás permite remontarnos, por medio de lo que es el concepto de “Ente” o sea el ser individual intrínsecamente acabado, o sea que llegamos a lo que significa el ente –ser– y el ser acabado está compuesto con cuerpo, espíritu, alma, racionalidad libre o albedrío –opción entre lo bueno y lo malo–, inteligente, conoce lo bueno y lo malo y su opción, esto nos lleva al origen de todo lo que es la dignidad humana Al Ser Absoluto –Dios eterno– que es la razón, inteligencia absoluta, espíritu, verdad y vida, y el origen humano que es el término de todos los seres y de sus operaciones y esto nos conduce a la ley eterna, positiva inaugurada por Cristo, hecho Hombre, que proclama la perfección de la ley: Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esto nos conduce a la ley eterna de la que toda ley temporal es participación de ella y manifestación para conocer el origen del ser supremo.

Consecuencias de lo antedicho: fácilmente intuimos todas las consecuencias así como, todas las normas jurídicas para que sean jurídicas, tienen que ordenarse a la justicia con el fin de alcanzar el bien común pero que si no guardan la armonía con la recta razón se convierten en leyes injustas, desaparecen como leyes y se convierten en leyes de corrupción cuando las normas jurídicas no son justas, no se puede dudar en concluir que la ley justa, es ley humana que obliga a todo hombre en el foro de su conciencia, y su relación con la ley eterna que es el origen de toda ley. Conforme a esta concepción, radica sólidamente la ética del derecho, –sólido, expresión del latinismo insolidum–, tiene un fundamento inconmovible como una edificación que sobre lo sólido se levanta la construcción, es lo que llamamos la ética del derecho y por otra parte el reconocimiento específico de su carácter de politicidad que le dan garantía relativa de autonomía en el mundo de la actividad ética y opuesta a todo concepto meramente utilitario o positivista y estatista del derecho.

En esto han estado basadas todas las leyes que hasta el momento se han elaborado en nuestro país, primero los ciudadanos no conocen lo que es la ley, los legisladores por su puesto de poder al servicio del pueblo, han impuesto leyes no solo sin politicidad, carentes de unidad y unicidad sin el bienestar común y mucho menos con la exigencia ética y por ello utilitarista, positivista, estatista, o sea leyes solo escritas pero muertas porque no conllevan a la vida sino a la muerte, nacieron muertas y no sirven para el bien de la persona humana. Por eso, la Iglesia católica ha enseñado a aquellos que se llaman cristianos el significado, de lo que es la autoridad política, el gobernante, las comunidades a cada uno y todos los miembros de la sociedad civil sobre el ejercicio de la autoridad política. La autoridad política como en la comunidad, en las instituciones que representa el Estado deberán realizarse siempre dentro de los límites del orden moral, para que se pueda procurar el bien común, que debe ser concebido dinámicamente según el orden jurídico, legítimamente establecido o por establecer, como ahora se está discutiendo, gracias a Dios por todo el pueblo soberano de cómo quiere ordenarse y ser dirigido por la autoridad establecida, según el orden jurídico que legítimamente se establecerá. Cuando se tengan dichas leyes constitucionales establecidas es cuando los ciudadanos estarán obligados en conciencia, como imperativo moral, con el deber y responsabilidad social, obedecer dichas leyes (Vat. II. G.S.74).

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