Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Otra confesión del alcalde Arzú

— EDITORIAL
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En un reciente exabrupto, el alcalde de la capital, Álvaro Arzú, expresó: “(…) Había un presidente mexicano que con muy buen criterio decía que a la prensa se le paga o se le pega. Yo opté por lo segundo (…)”.

Esta atolondrada aseveración inmediatamente nos hace recordar al régimen arzuísta (del 14 de enero de 1996 al 14 de enero de 2000), marcado por la intolerancia, el abuso, el manotazo y la estulticia, durante el cual, además de la corrupción e impunidad galopantes, estuvo marcado por los homicidios impunes de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, Edgar Alfredo Ordóñez Porta y Pedro Sas Rompich, así como por la persecución contra periodistas y políticos opositores, quienes en su día fueron fustigados, hostigados y denigrados.

La desafortunada afirmación del alcalde Arzú también nos ubica en el contexto de la actual administración edilicia de Arzú (2004-16), durante la cual periodistas y comunicadores han sido desacreditados y humillados.

En consecuencia, no nos sorprende que el alcalde Arzú exprese que dar palos o “morongazos” a diestra y siniestra es inherente a sus gestiones públicas, no solo contra los periodistas y comunicadores, sino que también contra todo aquel que ose contradecirlo, oponerse a sus designios o encolerizarlo. Ese ha sido, es y será su invariable método de gobernar a la población guatemalteca.

“Pegar a la prensa” supone optar por reprimir a los periodistas y comunicadores, en clara violación de las siguientes libertades civiles fundamentales:

(i) Derecho de acción, contenido en el Artículo 5 de la Constitución, ya que el alcalde Arzú optó por coartar el derecho de los periodistas y comunicadores a no ser perseguidos ni molestados por sus opiniones; y

(ii) Derecho de expresión de ideas, contenido en el Artículo 35, párrafo primero, de la Constitución, ya que el alcalde Arzú optó por coartar el derecho de los periodistas y comunicadores a ejercer libremente su profesión de intermediación entre las fuentes de información (noticias) y los receptores de la misma.

Sin duda, procede la intervención inmediata del Procurador de los Derechos Humanos ante esta confesión lisa y llana del alcalde Arzú, así como el inicio de una investigación en el Ministerio Público, a fin de averiguar y determinar las presuntas represiones contra la prensa independiente durante el régimen gubernativo de Arzú y durante su gestión municipal.

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