Viernes 23 DE Agosto DE 2019
Opinión

¿Hacia una cultura de legalidad…?

Un referente de consulta emblemático es el caso de la ciudad de Palermo, Sicilia.

Fecha de publicación: 29-07-16
Por: luis fernando andrade falla

La ciudadanía indignada que participó espontáneamente expresándose con intensidad en las movilizaciones anticorrupción del año pasado enarbolando la bandera nacional no deja de sorprenderse por los cientos de millones y quizá lleguen a miles de millones de quetzales que han sido estafados a costa del Estado derivado tan solo de lo que ha salido a luz en los procesos judiciales por corrupción que se ventilan públicamente como en los casos de defraudación fiscal que está resolviendo la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.

Lo que hoy se sabe parece que es tan solo la punta de un iceberg cuya dimensión real está aún por revelarse. La disposición deliberada de cometer estafas al Estado empleando las más variadas maneras de simulación jurídica, que está ampliamente extendida, viene de años atrás desarrollándose en prácticas que se convirtieron en hábitos, cual costumbre aceptada y tolerada. Y ahora es más clara esa connivencia del sistema de partidos políticos, al que aún falta reformarlo profundamente, con estas prácticas que facilitaron el enriquecimiento ilícito logrado sin mayor esfuerzo ni consecuencia jurídica alguna. Ha sido evidente cómo en los casos conocidos públicamente se subordinaba y se cooptaba en buena medida al Organismo Judicial y a las entidades contraloras del Estado para tender un sólido manto de protección y de impunidad.

Guatemala en la retrospectiva de hace un año y medio, que es un tiempo relativamente corto, ha avanzado de manera significativa poniendo en evidencia progresivamente esas prácticas perversas pese a las resistencias e intentos de mantener el statu quo ante, que no pueden ni deben subestimarse.

La ciudadanía creativa, espontánea y organizada que ahora está aún más informada que antes y que conoce con mayor profundidad de esas prácticas ilícitas a través de los procesos judiciales públicos podría volver a jugar un rol fundamental en esta fase de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado a través de promover lo que se conoce como la cultura de legalidad.

Guatemala ha demostrado que sí es posible aplicar la ley sin consideración de orden político y económico de carácter nacional o internacional y de ninguna otra naturaleza, que es la base fundamental de una cultura de legalidad.

Sin embargo, la sostenibilidad de lo que se ha logrado hasta ahora y de lo que falta aún por hacer depende en cierta medida en que la ciudadanía y los sectores representativos de la sociedad participen en las reformas al sistema y promuevan el cumplimiento del Estado de Derecho como un valor intrínseco y necesario para la armonía, (no para la fragmentación social) y bienestar de la Nación.

Ciertamente es un gran desafío cambiar a fondo las prácticas arraigadas por años que por principio burlan o simulan respetar el Estado de Derecho. Y de allí el famoso refrán popular que dice, “Hecha la ley hecha la trampa”.

No obstante, hay precedentes en otros lugares del mundo en que se ha emprendido con éxito campañas audaces a favor de la cultura de legalidad que se ha traducido en una drástica reducción de actos de corrupción y de violencia, pero que en un momento dado parecían un esfuerzo quijotesco. Un referente de consulta emblemático es el caso de la ciudad de Palermo, Sicilia, como una “guía para desarrollar una cultura de legalidad”.

Sería ideal que en las circunstancias actuales se produjera una sinergia entre el Gobierno de la República, sectores religiosos, académicos, empresariales, laborales, políticos, estudiantiles y la sociedad civil a favor de una campaña orquestada hacia una cultura de legalidad en que la ciudadanía tenga espacio de participación y de expresión creativa.