Miércoles 24 DE Abril DE 2019
Opinión

Presupuesto estatal: siempre lo mismo

En la práctica se autoriza un techo máximo de gasto público.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC

Todos los años, por esta época, se debate sobre el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el siguiente año fiscal, que elaboran expertos del Ministerio de Finanzas Públicas, y que, en realidad, es un presupuesto del Organismo Ejecutivo con anexos (aportes), y no un presupuesto consolidado del Estado.

Como siempre, una y otra vez la propuesta presupuestaria es esencialmente la misma que se presentó para el ejercicio fiscal que termina, solo que las respectivas partidas incorporan cifras mayores, más infladas, especialmente aquellas que revisten interés político, que no es precisamente el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por tanto, los rubros presupuestos siempre aumentan.

Aunque la Constitución dicta que la estructura del presupuesto debe ser programática y el instrumento presupuestario se expresa por programas (proyectos y planes), en realidad se trata de un presupuesto por partidas. Por ende, los supuestos objetivos, premisas, metas y resultados estratégicos esperados no son los que originan las partidas, los espacios y los créditos presupuestarios. En la práctica, se autoriza un techo máximo de gasto público, que siempre es susceptible de elevarse, así como las insufribles transferencias de partidas y de fondos, sin importar que no se implementen los programas que quedan desfinanciados.

Por otro lado, las proyecciones de ingresos fiscales siempre se sobreestiman, por lo que el déficit fiscal se subestima, dando pie a desequilibrios financieros, que terminan superándose a través de la contratación de más deuda pública o de cargar con más impuestos a la población.

Asimismo, el gasto de funcionamiento aumenta incesantemente, debido principalmente a la burocratización, al obligado cumplimiento de los lesivos pactos colectivos de trabajo, así como a los incontrolables nuevos compromisos y cuentas por pagar en el sector público. Lo anterior sin perjuicio del incremental “gasto social”, que se traduce en programas clientelares y asistenciales incontrolables. De ahí que se asuma como un paradigma presupuestario que el gasto público es inercial, o sea que aumenta progresiva e indefinidamente, sin importar si las expectativas económicas son positivas o negativas.

Por supuesto, los principios de Derecho Financiero relativos a disciplina fiscal y equilibrio presupuestario, que proscriben el déficit fiscal (exceso de los gastos sobre los ingresos), no son observados por los expertos en la construcción de presupuestos estatales. Por el contrario, estos asumen la existencia de un creciente déficit fiscal como algo normal, sin reparar mucho en que para financiarlo deba recurrirse a un mayor endeudamiento público o a decretar más impuestos.

Tampoco se pone atención a la ejecución presupuestaria anual, que, conforme la Constitución, debe ser aprobada o improbada cada año por el Congreso. De hecho, el Legislativo no ha aprobado ni improbado la ejecución presupuestaria durante los últimos 17 años, lo que supone que esta ha venido quedando en una suerte de “limbo jurídico”, que impide que, en caso de improbarse, puedan deducirse responsabilidades legales (castigarse) en contra de los funcionarios que han incurrido en irregularidades, ineficiencias, anomalías o incumplimientos.

Es más, esta reiterada burla de los diputados a la indicada obligación constitucional ha generado el incentivo perverso de una intencionada inejecución presupuestaria, con miras a que las respectivas disponibilidades (dineros) sean canalizados hacia el agujero negro denominado “fondo común”, a través del cual pueden ser discrecionalmente gastadas, ahorradas, aportadas o transferidas a fideicomisos, oenegés, fondos sociales, organismos internacionales o, incluso, a consorcios insospechados.

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