Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Asistencia legal gratuita

Enorme reto.

 

— Álvaro Castellanos Howell
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Revisando la nueva propuesta presentada por los tres organismos del Estado sobre el tema de reformas a la Constitución en materia de justicia, me pude dar cuenta que algunos artículos que se proponen en este reciente esfuerzo reformista, ya estaban contemplados en el planteamiento de modificaciones constitucionales al mismo sector, realizado por el consorcio Usac-URL-ASIES hace aproximadamente cinco años.

Me refiero, en particular, a la proposición de un Artículo nuevo (el 222 A, o BIS, respectivamente, en cada propuesta), titulado “Asistencia Legal Gratuita”.

Es importante resaltar la profundidad que puede tener una norma de rango constitucional sobre el asunto de asistencia legal sin costo para quien lo necesita.

Precisamente, el “quien lo necesita” es el tema interesante. La propuesta de hace cinco años, al igual que la de ahora, de ser aceptada, indica que una ley ordinaria regularía el derecho a esta clase de asistencia a quienes carezcan de medios para sufragarla.

El texto resaltado en itálicas, da a entender que sería para gente sin recursos o medios materiales o monetarios para sufragar honorarios de abogado o asesor legal. O sea, generalmente, a gente en situación de pobreza o extrema pobreza (que de por sí, es un grupo cada vez más significativo en nuestra sociedad).

Sin embargo, conforme estándares internacionales en los que la misma Guatemala ha participado en su proceso de identificación (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 2008), la asistencia judicial gratuita no solamente debe ponerse a disposición de los pobres.

En las 100 Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables (“las 100 Reglas de Brasilia”), entre otras muchas cosas, se considera obligatorio dar dicha asistencia a quienes se encuentran, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, en especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. Incluso se consideran sujetos vulnerables a los privados en libertad.

Si se incluye en la Constitución el artículo propuesto, todos estos sujetos deberían tener el mismo acceso a la asistencia judicial gratuita. Sería un llamado a la conciencia y a la responsabilidad social de los abogados cumplir este principio constitucional de solidaridad. Menudo reto: se cuentan por millones los vulnerables en nuestro país.

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