Miércoles 18 DE Septiembre DE 2019
Opinión

El delicado tema del secreto bancario

Fecha de publicación: 09-07-16
Por: EDITORIAL

Para una gran mayoría de políticos, funcionarios públicos, cooperantes internacionales, analistas y activistas sociales el facilitar acceso a la información financiera de los contribuyentes por parte de las autoridades es una de las piedras angulares sobre las cuales descansa el combate a la corrupción y el lavado de dinero y, en especial, la efectividad de las labores de fiscalización de la SAT. Como tantos otros temas en estos momentos, este debate no escapa al clima de polarización y descalificación generalizada que reina en la opinión pública y en el mundo de la política nacional. Este tema debe ser debatido sobre bases técnicas en donde se sopesen riesgos, costos y beneficios de la medida, así como alternativas a la misma. Por más urgente y necesario que resulte ser el combate a la corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, el diseño de cualquier instrumento para combatir estos males debe respetar principios mínimos que garanticen los derechos individuales garantizados en la Constitución. En este caso particular garantizar, entre otros, la inviolabilidad de la información de carácter personal (CPR, Artículo 24); la irretroactividad de la ley (CPR, Artículo 15); prescripción de las obligaciones tributarias (Código Tributario, Artículo 47).

Este debate no puede convertirse en un ejercicio de descalificación sistemática en todo aquel que se oponga o cuestione la medida sea considerado “sospechoso” de favorecer la corrupción y la impunidad. Si bien más de alguien puede estar en contra de la eliminación del secreto bancario en función de intereses ilegales, la realidad es que quienes se oponen ponen en tela de duda las supuestas bondades de concentrar tanto poder discrecional en manos de la burocracia estatal; enfatizan la necesidad de alcanzar un balance entre la defensa de los intereses públicos y privados. De cara a la revolución de la informática y la era digital que vivimos, la discusión sobre el secreto bancario tan solo es el primer eslabón de una larga cadena de gradual intromisión del Estado en la vida privada de las personas. Hoy está en riesgo el secreto bancario, mañana el derecho a la privacidad en las llamadas telefónicas, pasado mañana el de los correos electrónicos y, en un futuro no lejano, mensajes de texto, WhatsApp y cualquier otro tipo de información electrónica de los ciudadanos. No se puede, ni se debe, sacrificar los derechos básicos de las personas en nombre de la conveniencia de una agencia gubernamental.