Lunes 12 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Guatemala: un examen a vuelo de pájaro…

En la última década, la economía de Guatemala ha mostrado tasas de crecimiento reales significativas, incluso en 2014 experimentó una expansión del cuatro por ciento, más alta que el promedio regional.

— Jose Rubén Zamora
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El problema fundamental de Guatemala, es que aun mostrando estos importantes ritmos de expansión económica, el crecimiento no alcanza para todos. Desde una perspectiva cínica, hay mucha gente que sobra, que no tiene cabida, que no encuentra respuestas a sus necesidades más sentidas, a sus exigencias y frustraciones. Menos aún, a sus más legítimos sueños. Cada año ingresan 200 mil jóvenes al mercado laboral y solo 40 mil –el 20 por ciento– consiguen un trabajo. Los 160 mil jóvenes restantes solo les queda como destino posible la informalidad, los mercados laborales ilícitos, las maras, la economía criminal y en el mejor de los casos la migración hacia Estados Unidos de América.

En otras palabras, las grandes mayorías de guatemaltecos están excluidas social, política, económica y jurídicamente y viven en la marginación y la miseria. El racismo, la polarización y la radicalización ideológica son atroces.

La riqueza está en pocas manos y la brecha entre ricos y pobres es abismal y creciente. Cabe decir, que Guatemala es el país más desigual, en el hemisferio más desigual del mundo. El 50 por ciento de los niños menores de cinco (5) años padece desnutrición crónica y por lo tanto tiene un destino lleno de limitaciones y carencias. Guatemala es el primer país de Latinoamérica y el tercero en el mundo con mayores niveles de desnutrición crónica de niños menores de cinco años.

Debido al avance de la tecnología, la educación y el conocimiento, la brecha entre Guatemala y los países del Norte del mundo ha aumentado descomunalmente. Nuestro rezago de los países desarrollados es descomunal. A la par del avance de la tecnología, la educación y el conocimiento del Primer Mundo, se han venido acentuando progresivamente un deterioro en los términos de intercambio. Cada vez, de manera más marcada, los precios de los productos que exportamos se reducen y el valor de los bienes que importamos aumentan. En otras palabras, el poder de compra del país, en términos reales, se ha reducido drásticamente.

El modelo y la estrategia económica del país se agotaron al final de la década de los setenta y los motores que explican el crecimiento de la economía son insuficientes para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Salpican a la población pobre y marginada de manera muy limitada y con ostensible lentitud. Es decir, hace más de tres décadas, Guatemala ha estado a la deriva, sin un rumbo explícito y consciente.

Desde siempre, la carga tributaria ha sido muy modesta y la evasión y elusión importantes y el contrabando voluminoso –alcanza los Q14 millardos– y la resistencia a pagar impuestos un obstáculo. Los últimos seis (6) años, se han caracterizado por un nuevo ciclo de políticas fiscales moderadamente expansionistas, pero recurrentes, con déficits fiscales imprudentes e insostenibles en el mediano plazo; con el agravante de que el gasto y la inversión pública carecen en absoluto de transparencia, calidad, impacto social, privilegian la opacidad y la corrupción voraz e insaciable de la cleptocracia, que tiene capturado nuestro sistema político. Mientras tanto, la deuda pública externa e interna, se han más que duplicado en los últimos siete (7) años.

Las tasas locales de interés real, al menos durante la última década, han sido considerablemente más altas que las tasas de interés de las diferentes plazas financieras internacionales, lo que ha provocado el ingreso de capitales “turista”, “golondrina” o especulativos, en busca de mejores rendimientos en el corto y mediano plazo, nos ha generado innecesarias pérdidas financieras y provocado la revaluación de la moneda local, abaratando las importaciones, encareciendo las exportaciones del país, desprotegiendo la economía en su conjunto y erosionando la competitividad de Guatemala. La revaluación de la moneda local, también representa menores ingresos en quetzales para los guatemaltecos que tienen el privilegio de recibir remesas familiares, que alcanzan cerca de los US$6 millardos, equivalentes al diez por ciento del PIB. Obviamente, las altas tasas de interés reales son onerosas y asfixian a los medianos y pequeños empresarios y limitan el indispensable desarrollo de un mercado interno vigoroso.

Esta combinación de variables económicas, financieras y sociales es una fuente previsible de inevitables nuevas etapas y ciclos de inestabilidad e incertidumbre financiera, económica y social y por lo tanto de graves riesgos para la viabilidad del sistema político, que de por sí, presenta serias carencias y deficiencias en su estructura, que ponen en serias dudas sus posibilidades de sobrevivencia.

La ciudadanía, los partidos políticos y el Estado y sus instituciones están absolutamente divorciados. Los partidos políticos son tan solo vehículos electorales, sin estrategias, planes ni programas, ni tienen la menor idea de lo que significan las políticas públicas. Por encima de los planes de Gobierno están los planes de negocios corruptos, que son los que ejecutan los mercaderes de la política. Los partidos son autocráticos, caudillistas, verticales y cerrados y están en manos cleptócratas, cuyo objetivo único, es salir vertiginosamente del anonimato financiero. La participación política es restringida y no existe articulación social ni liderazgos visibles. No existe la igualdad de oportunidades políticas y se requieren al menos de US$100 millones para que un candidato y su partido político puedan ser competitivos en la contienda electoral, monto que solo puede provenir de las mafias criminales, del monopolio de la televisión, progresivamente de la enorme corrupción que tiene su origen en el gasto y la inversión pública, y en menor grado de la oligarquía que es más cuidadosa con los centavos y aporta relativamente poco a las campañas, pero suele tener, cada vez con mucho menor peso, un relativo poder de veto. ¿No representa todo esto otra forma de exclusión política? Antes perseguían al que disentía; hoy quien no se pliega a estos intereses y reglas implícitas, no puede participar más que testimonialmente en las elecciones.

Es más, en las últimas elecciones, por primera vez, fue posible observar un proceso electoral, en el que la cleptocracia financió la competencia política con fondos fundamentalmente provenientes de la corrupción, derivada del presupuesto de gastos e inversión del Estado. “Casualmente” el partido oficial –el Patriota– en alianza con el principal partido de oposición, aprobaron en el Congreso el presupuesto 2015, que incluyó Q1.8 millardos para obras discrecionales, cuyo verdadero destino eran los gastos de campaña de estos dos partidos.

Desde otra perspectiva clave, a pesar de que se firmó la paz en diciembre de 1996, el Estado y sus instituciones continúan con su enfoque contrainsurgente. Los organismos e instituciones de control y fiscalización del Estado están completamente mediatizados e infiltrados. Persiste la ausencia de transparencia y la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública. El nepotismo, el amiguismo y el clientelismo están completamente extendidos.

Los abusos del poder público derivados de la ausencia de fiscalización, de la ausencia de controles, balances y contrapesos efectivos son la constante.

La corrupción gubernamental es excesiva y oscila entre la sofisticación y las técnicas depuradas de tiempos de Álvaro Arzú, y el cinismo, descaro y desfachatez absolutos, como han sido los casos grotescos de las administraciones del FRG, del expresidente Alfonso Portillo, y del Partido Patriota, de Otto Pérez Molina.

El Poder Judicial, el Ministerio Público (la Fiscalía) y la Contraloría General de Cuentas (el supuesto poder control) históricamente han tenido, de manera lamentable, un peso marginal en la vida del país. No han tenido independencia, ni autonomía política ni financiera y han estado subordinados al régimen a cargo de la administración del Estado, al poder militar y al económico y a las mafias criminales.

Ha sido hasta las últimas dos administraciones, fundamentalmente en la más reciente, que el Ministerio Público, con el apoyo y acompañamiento esencial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha dejado de ser una marioneta de los poderes fácticos y ha mostrado el papel extraordinario y fundamental que puede llegar a tener esta institución clave, en el combate de la corrupción y la impunidad y en el establecimiento del Estado de Derecho, en el que prevalezcan el temor, el respeto y la subordinación a las leyes. Sin embargo, este cambio extraordinario en el patrón de conducta pública del Ministerio Público, ha obedecido más a los principios, valores y convicciones personales y el liderazgo de las últimas dos fiscales generales, que al desarrollo y construcción de una verdadera institucionalidad en el Ministerio Público y la incipiente transformación de su conducta institucional puede experimentar regresiones y retrocesos insospechados, más aún, cuando la CICIG se retire de Guatemala.

El Ministerio Público puede regresar a ser un instrumento vulnerable a las tentaciones del poder económico y del poder político o de quienes ostentan poder de coerción, para desviar y obstaculizar la justicia o perseguir opositores, críticos o desafectos al poder establecido. No se puede ignorar que la corrupción, la impunidad y la violencia siguen enraizados desde los subsuelos más profundos de nuestra vida social y cultural.

De manera insólita, en pleno siglo XXI, son nuestros presidentes, en alianza de intereses con las mafias criminales, la cúpula militar de turno y grupos reducidos del sector privado, quienes ostentan, abusan y se enriquecen del poder público en forma autoritaria, intolerante y abusiva, ignorando y dejando de lado las necesidades básicas de las grandes mayorías marginadas de la población.

Nuestra democracia ha sufrido una metamorfosis siniestra y se ha transformado en una cleptodictadura que elegimos cada cuatro (4) años, que mediante un Presidente ladrón cogobierna con las mafias criminales, básicamente con los carteles de las drogas, el poder militar de turno, unos cuantos intereses privados, fundamentalmente de contratistas y proveedores del Estado y financistas de campaña y con los sindicatos estatales, básicamente de los sectores de educación y salud. Este conjunto de grupos siniestros conforman el sindicato criminal que ha tenido asfixiado al Gobierno de Guatemala

En cuanto a la educación, que todos coincidimos es uno de los únicos atajos en la indispensable búsqueda de la igualdad de las oportunidades y el desarrollo, sobre todo cuando los niños y niñas inician su dramática lucha por una vida digna, Guatemala sigue respondiendo a las necesidades y requerimientos del ayer, ignorando la educación del mundo de hoy, más aún las exigencias del mañana. La cobertura educativa es baja y pobre en calidad. Los recursos destinados por el Estado para la educación de los niños y jóvenes guatemaltecos es muy reducida, y más bien, tiene como objetivo comprar el apoyo político gremial de los maestros al régimen de turno. La enorme insuficiencia de capital humano es una de las características distintivas de Guatemala. Es más, Guatemala no cumplió ni uno solo de los Objetivos del Milenio a los que se comprometió con las Naciones Unidas.

El Sistema Judicial es deficiente y mantiene vigorosos vasos comunicantes y subordinación con las mafias criminales, el poder político, el poder económico y el militar.

Guatemala, guardando las distancias en dimensión y tamaño, es semejante y tiene muchos paralelismos y similitudes con Rusia; con la diferencia que en Guatemala la inteligencia militar tomó el control del país y de las organizaciones y mafias criminales desde 1982.

Más de tres décadas después, su estructura está intacta y se ha institucionalizado: ha sobrevivido y superado con éxito dos golpes de Estado, tres intentos fallidos de golpes de Estado, una Asamblea Nacional Constituyente, siete elecciones generales, dos consultas populares, una depuración del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, a quienes forzamos a renunciar en 1994, y, sin embargo, en las elecciones de 2000, retomaron el Poder Ejecutivo y luego de perderlo parcialmente durante dos periodos presidenciales y verse forzados a cogobernar por ocho (8) años con Berger y Colom, una vez más por medio de Pérez y Baldetti tiene el poder hegemónico en sus manos.

Han logrado desarrollar un Estado eficaz y eficiente para servir a las mafias criminales, cuentan con una red de funcionarios clave, infiltrados en todos los poderes del Estado, que les permite mantener subordinado y a su servicio a toda la administración pública, incluyendo al Ejército y a la Policía Nacional Civil, dentro de cuya organización existe el cartel de tráfico de drogas más temible del país, conocido como el Cartel del “Tumbe” o de “La Charola”, donde participan policías de todas las jerarquías, desde los principales directores, comisarios, hasta simples agentes.

Es fácil observar que las elecciones en Guatemala son una simple formalidad, cuyo costo se ha duplicado en los últimos cuatro años, que se disputan entre cleptócratas y en las que la ciudadanía ha dejado de creer, que sirve únicamente como mecanismo legítimo para elegir al presidente ladrón, el cleptodictador de los siguientes cuatro años, que hará cogobierno con las mafias criminales y algunos intereses privados. Asimismo, que los Q800 millones que se requieren para poder competir en la contienda electoral, para tener posibilidades de éxito, constituyen un nuevo mecanismo de exclusión política en Guatemala.

Poco o nada de impacto tendrá el US$1 billón que el presidente Obama pidió al Congreso para el Triángulo Norte de Centroamérica (al final el Congreso americano aprobó US$750 millones, es decir US$250 menos), si sus contrapartes en la región, fundamentalmente en Guatemala, son parte de una cleptocracia enquistada en el poder, que además es insensible a la educación deficiente, a la pobreza extrema, a la falta de oportunidades, es responsable del desborde de la corrupción institucional, tiene vínculos estrechos con el narcotráfico y las mafias y han encontrado caminos para cerrar los procesos electorales y políticos a las grandes mayorías.

Discurso actualizado al ser presentado en el Wilson Center, Washington D.C. a principios de febrero de 2015.

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