Sábado 23 DE Febrero DE 2019
Opinión

Ampliación del Canal de Panamá

— EDITORIAL
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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha anunciado que la ampliación del Canal de Panamá, recientemente inaugurada, facilitará el comercio mundial, así como la dinámica de crecimiento económico actual, factores que permitirán al Canal de Panamá ampliado aumentar sus niveles de carga y de tránsito. Se proyecta para la primera década en 1,250 millones de toneladas, que corresponderá a US$1,150 millones por año en ingresos.

Para el 2025 los ingresos estimados de la ACP oscilarían en US$6 mil millones por año. Dichos ingresos, según la ACP, constituirán una participación importante de los ingresos de las finanzas públicas, que podrían ascender a US$8 mil 500 millones en los primeros 11 años. Sin duda, un sueño hecho realidad.

El exitoso proyecto panameño contrasta con el suspendido proyecto del Gran Canal de Nicaragua, con patrocinio chino, y con el denominado Corredor Interoceánico (carretera que une los océanos Pacífico y Atlántico por el oriente de Guatemala), que presuntamente quedó desfinanciado por razones que se ignoran.

En todo caso, cabe recordar que los promotores de este último fallido megaproyecto empresarial comprometieron al gobierno presidido por Otto Pérez, ya que este lo declaró de “utilidad e interés nacional”, extremo que innecesariamente vino a erosionar la credibilidad del Gobierno de Guatemala.

En una investigación de elPeriódico se dieron a conocer los perfiles de los principales operadores del Corredor Interoceánico, específicamente de los exfuncionarios José María Argueta (exembajador de Guatemala ante la OEA) y Julio Ligorría (exembajador de Guatemala ante los EE. UU.), así como de los exmilitares Mario Roberto García Catalán, Guillermo Catalán España y Carlos Alberto Pozuelos Villavicencio.

El expresidente Otto Pérez no se pronunció sobre el inusitado presunto “desfinanciamiento” del Corredor Interoceánico, a pesar que su gestión gubernativa lo adoptó como propio. Sin duda, siendo un proyecto declarado por el Gobierno de la República como de “urgencia e interés nacional”, se justificaba una declaración oficial del régimen.

Asimismo, dado que el Corredor Interoceánico fue declarado por el gobierno de “urgencia e interés nacional”, el Congreso, a través de una comisión de investigación ad hoc, con base en lo que dispone el Artículo 171, literal m), de la Constitución, debió haber desentrañado este malogrado megaproyecto.

Por otro lado, a la Contraloría General de Cuentas, conforme el Artículo 232 de la Constitución, le corresponde fiscalizar los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También la Procuraduría General de la Nación, como órgano consultor y asesor del Estado, tiene vela en este entierro.

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