Domingo 17 DE Febrero DE 2019
Opinión

Los rompecabezas de la cooptación del Estado

Los casos de este 2016 son una derivación de La Línea.       

— Phillip Chicola
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El Acto II de la depuración judicial iniciada por la CICIG y el Ministerio Público no se hizo esperar. Este 2016 ha estado tan cargado en información y hallazgos como el histórico 2015. Sin embargo, entender la actuación de la Fiscalía y la CICIG requiere de hacer un esfuerzo por unir las piezas del rompecabezas.

La puerta de entrada a todo lo revelado en los últimos seis meses fue el caso La Línea, el cual hay que entenderlo como el tronco de un árbol. De escalar lentamente ese tronco, el Ministerio Público y la CICIG lograron descubrir cómo una red de defraudación en aduanas llegaba hasta la cúspide del poder político en el país. Pero de ese tronco se desprenden una serie de ramales.

Por ejemplo, uno de los operadores intermedios de La Línea, Geovanny Marroquín, tenía otras actividades no ortodoxas, más allá de asesorar a la red de defraudación. Marroquín también ejercía influencia sobre las autoridades de SAT relativo a procesos de devolución de crédito fiscal, auditorías tributarias y procesos administrativos de cobro. Del análisis de las escuchas de Marroquín, y el cruce de información con un caso que llevaba la Fiscalía de Delitos Económicos, se armó el caso Impunidad y Defraudación.

Otro ramal de La Línea fue abierto por el testimonio de Juan Carlos Monzón, en relación con la negociación ilícita del contrato de usufructo oneroso de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Y posteriormente, del análisis de los movimientos financieros de los dineros ilícitos del caso La Línea y TCQ, se logró identificar toda la estructura de sociedades anónimas utilizadas para la captación de fondos para la campaña electoral 2011 y de coimas para contratos públicos durante el período 2012-2015. Del análisis financiero de ese entramado de sociedades anónimas, aunado con la información provista por el contador de la red, Víctor Hugo Hernández, así como los testaferros, se construyó el caso Cooptación del Estado.

Un tercer ramal fue el descubierto a raíz del “papelito” encontrado en las oficinas de Estuardo Salvador González, respecto a la compra de un helicóptero para Pérez Molina. Ese papelito, más la declaración de Juan Carlos Monzón, abrió la puerta para identificar La Cooperacha de los ministros de Gobernación, Comunicaciones, Defensa, Energía y Minas, y el expresidente del IGSS.

Aun así, todo indica que este rompecabezas apenas tiene el marco y algunas partes ya armadas. Faltan agujeros por llenar. Los servicios de Geovanny Marroquín podrían abrir más ramales de investigación, como también las actuaciones de Omar Franco y Carlos Muñoz en la SAT. Otras líneas de investigación podrían derivarse de algunos cabos sueltos de la declaración de Monzón, como la compra de granos o las coimas en la compra de medicamentos.

En el Congreso ocurre algo similar. De la investigación del caso plazas fantasmas de Pedro Muadi, la investigación se extendió para incluir lo actuado por la Junta Directiva 2015. Pero seguramente, procesos similares abarcarán a anteriores Juntas Directivas.

Y recordemos, este tan solo es el rompecabezas 2011-2015. Faltan rompecabezas anteriores, y porqué no decirlo, los posteriores.

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