Martes 18 DE Junio DE 2019
Opinión

La consulta a los Pueblos Indígenas

Pasado, presente y futuro.

 

Fecha de publicación: 25-06-16
Por: Juan Carlos Méndez

Recientemente el Ministerio de Trabajo anunció que dedicará en el 2017, Q1.27 millones para ejecutar consultas a los Pueblos Indígenas según el Convenio 169 de la OIT. Un avance, sin embargo ínfimo frente a los desafíos que representa la implementación del Convenio.

Actualmente el Ministerio de Energía y Minas lleva cuatro procesos de consulta paralelamente, se estima que el costo por proceso podría ser de Q200 mil, esto implica que el presupuesto alcanzaría para siete procesos escasamente, cuando hay muchos más en lista de espera. Por ello, merece la pena hacer una revisión del pasado, presente y futuro del proceso de consulta.

Pasado: La OIT adoptó el Convenio en el año 1989 como mecanismo para promover los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y así evitar la exclusión y discriminación. Guatemala lo ratificó en junio del año 1996, sin embargo y como muchas de sus obligaciones constitucionales, el Estado guatemalteco lo dejó en el olvido hasta que ciertos grupos lo invocaron como fuente de derecho para sus demandas, en muchos casos espurias.

Presente: Transcurridos 20 años de su ratificación, acumulamos una cantidad importante de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en relación a los procesos de consulta que van desde solicitar al Congreso desarrollar una ley especial como prevé la Constitución, dar lineamientos sobre cómo llevar a cabo las consultas, o la suspensión de licencias para casos de minería. En este último caso, pretendiendo corregir una violación del Estado, al no haber consultado oportunamente, afectando derechos de terceros.

Futuro: El Estado debe consultar a los Pueblos Indígenas en aquellos asuntos en que sean involucrados o sean susceptibles de afectación, se trate de medidas legislativas o administrativas. El proceso de consulta debe ser de buena fe, a través de procedimientos adecuados y las instituciones representativas, no otorga derecho de veto, no es una Consulta Municipal. Por lo tanto, Leyes como la de Aguas, Jurisdicción Indígena, Desarrollo Rural, etcétera, necesariamente tendrán que ser consultadas. El Convenio es un instrumento genuino de derecho para los Pueblos Indígenas y no debe ser utilizado por ciertos grupos como fuente de conflictividad y para obtener financiamiento internacional. Su correcta implementación es un gran desafío.