Martes 18 DE Junio DE 2019
Opinión

Inculpados contraatacan

En lugar de demostrar su inocencia, recurren a la desinformación masiva.

 

Fecha de publicación: 25-06-16
Por: Rosalinda Hernández Alarcón

Mientras ocurren las audiencias de los casos de corrupción en los que están sindicadas 56 personas (exgobernantes, exjefes castrenses, exfuncionarios, abogados, empresarios y banqueros), hay que analizar de manera crítica las reacciones de algunos inculpados, así como de sus litigantes y simpatizantes, quienes en lugar de aportar pruebas de descargo que demuestren que nunca realizaron negocios sucios y sus capitales provienen del resultado de emprendimientos lícitos, emiten informaciones cuya intención es desprestigiar a la jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, y al líder indígena Daniel Pascual, así como prever conspiraciones cuando avanza la lucha contra la impunidad. Y lo hacen así porque quienes controlan los medios masivos, saben que la mayoría de sus receptores aceptan lo dicho en noticieros sin mediar reflexión alguna.

En las declaraciones publicadas, voces empresariales que tiempo atrás solicitaban que líderes del movimiento social fueran encarcelados de inmediato, sin más argumento que sentirse afectados por alguna protesta pública, ahora defienden con ahínco las garantías en la aplicación de la justicia: el debido proceso y la presunción de inocencia. Se escuchan raros, todo parece indicar que la lucha contra la corrupción les está enfrentando a asumir papeles que quizás nunca imaginaron. Durante años en Guatemala, quienes han exigido el cumplimiento de ambos derechos han sido las agrupaciones pro derechos humanos, ahora esa consigna la hacen suya portavoces empresariales y militaristas, no deja de sorprender el cambio…

Representantes de la iniciativa privada, quienes hace meses consideraban como grandes aciertos la persecución penal de funcionarios públicos por delitos de corrupción, ahora que algunos de ellos están siendo señalados de formar parte de la red de negocios ilícitos que encabezaron el expresidente y ex vicepresidenta de la República, defienden reiteradamente su derecho a la libertad de expresión e incluso convocan a un paro empresarial. Parece que su rol ha dado un giro de 180 grados, ya que antes no se sentían limitados en difundir sus opiniones ni con la necesidad de convocar a la protesta pública; quizás lo hacen porque algunos de sus correligionarios están privados de libertad.

En estos días, se están registrando a su vez hechos que merecen gran difusión ya que preocupan y afectan al movimiento social, los cuales no tendrían que pasar desapercibidos en los espacios informativos, pero como algunos medios de comunicación (que son señalados de cometer actos ilícitos) los omiten, sirva este espacio para difundir varios pronunciamientos de organizaciones sociales, en los que exigen el esclarecimiento de las amenazas contra la lideresa indígena Lolita Chávez, los asesinatos del dirigente campesino Daniel Choc y la sindicalista Marleny Estrada, así como el allanamiento de las oficinas de la organización Impunity Watch que acompaña casos en los que se sindica a militares retirados: el proceso que siguen las mujeres indígenas de Sepur Zarco (quienes sufrieron violaciones y esclavitud sexuales) y la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen perpetrada en 1981 por agentes de inteligencia de la Sección G-2.