Lunes 22 DE Abril DE 2019
Opinión

¿Cómo salir del atolladero?

Se sabía que la corrupción estaba presente hace décadas.

 

— Lizardo A. Sosa L.

El país y la sociedad guatemalteca estamos inmersos en un proceso prometedor, pero que depende de lo que emprendamos a partir de ahora. Habrá múltiples razones para explicar el actual estado de cosas y estas definitivamente no se quedan en los hechos recientes, pues son procesos que han conformado nuestra estructura social y política a través del tiempo.

Se sabía que la corrupción estaba presente hace décadas y que en los diferentes gobiernos hubo cuadros dedicados al latrocinio, al contrabando y otros afanes corruptos. Ante la represión y la indiferencia ciudadana, la corrupción creció con el correr del tiempo y magnificó sus efectos económicos y sociales, extendiendo sus garras hacia crecientes esferas de la administración pública, a tal grado, que el mismísimo grupo político favorecido con el voto popular en 2011, ya estaba en esas andanzas desde su origen y simplemente había preparado el asalto sobre el Estado guatemalteco para cooptarlo y servirse de las ventajas y dineros públicos con altos niveles de eficiencia y “empresarialidad”.

El panorama es desolador: i) apenas empezamos a salir del asombro provocado por los numerosos destapes de casos de corrupción (IGSS, Lago de Amatitlán, La Línea, bufetes de la impunidad, plazas fantasmas, caso TCQ, Cooptación del Estado, La Coperacha) y otros más que se espera sean develados por el MP y la CICIG; ii) estamos frente a una delicada debilidad institucional que comienza con la inexistencia de partidos políticos democráticos y que se extiende a prácticamente todo el armado institucional del país, por ejemplo, al Congreso de la República, central para el funcionamiento de la democracia y en el sector de Administración de Justicia, sus autoridades (Cortes Suprema y de Apelaciones) son cuestionadas por su designación por los partidos PP y Lider, prácticamente desaparecidos del panorama político del país como consecuencia de estos escándalos y en el resto de la administración pública parece no haber pasado nada; iii) la pobreza y abandono sobre todo en el área rural se profundiza; y, iv) para terminar, este preocupante cuadro, persiste una actitud ciudadana que, a pesar de los atisbos de participación y protesta evidenciados en las plazas, sigue siendo pasiva y aparentemente ajena a temas relacionados con el destino colectivo de nuestra sociedad.

Por ello, la salida de este atolladero histórico solo puede vislumbrarse sobre nuevas bases éticas y conceptuales que definan un horizonte de país a construir y el orden de las prioridades. Las elites están llamadas a empezar la tarea y, de nuevo, las instituciones políticas y sociales deben asumir la responsabilidad de concertar esas bases éticas y conceptuales para sobre ellas proyectar el país que queremos. Los ciudadanos debemos superar nuestra actitud de conformidad, impavidez y asombro y aprestarnos a ejercer una participación activa y entusiasta en todo lo que implica la definición del país que soñamos y las tareas para alcanzarlo, lo que indudablemente requerirá, cuanto antes, adecuar los preceptos de la LEPP y de la Constitución Política de la República.

Es pues preciso, que las instituciones políticas se abran a una masiva y libre participación ciudadana, estableciendo cuanto antes las condiciones para el ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos que aseguren la legitimidad de la representación, sin cortapisas ni trampas a favor ni de caciques, ni de estructuras políticas corruptas que nos mantienen en el estado de postración al que hemos llegado.

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