Miércoles 19 DE Junio DE 2019
Opinión

Aplicación de la Carta Democrática Interamericana

Fecha de publicación: 10-06-16
Por: EDITORIAL

La Carta Democrática Interamericana (CDI) fue emitida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú.

El Artículo 1 de la CDI dispone: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”; asimismo, el Artículo 2 de la CDI establece: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la OEA. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”; y el Artículo 3 de la CDI dice: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Por otro lado, el Artículo 18 de la CDI dispone: “Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, y, asimismo, el Artículo 19 de la CDI establece: “Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”.

El actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ante la gravedad de la crisis política, institucional, económica, social y humanitaria en Venezuela, solicitó la aplicación de la CDI para sancionar, mediante suspensión, al régimen chavista de Nicolás Maduro, de corte totalitario. Sin duda, esta invocación de aplicación de la CDI se asimila a la aplicación de la CDI a Honduras en 2009, con motivo de la defenestración del expresidente Manuel Zelaya.

Maduro, ante la iniciativa de Almagro, expresó con desprecio: “A la Carta Democrática le pueden hacer así, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso señor Almagro, métase su Carta Democrática por donde le quepa, a Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta de cualquier tipo, como quieran llamarla”. Soberbio el hombre, típico tirano.