Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Depuración del Congreso

— EDITORIAL
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La cancelación de las inscripciones de diputados electos antes de que tomaran posesión de las respectivas curules, así como la sindicación penal de un número creciente de diputados, pertenecientes a las bancadas de prácticamente todos los partidos políticos, y todo el, lío de las “plazas fantasmas” y el despilfarro de recursos, han desacreditado y deslegitimado a la actual Legislatura.

A lo anterior habría que agregar que, dado que la gran mayoría de congresistas tienen “colas machucadas” o “deudas con la justicia”, estos han perdido la independencia de criterio requerida para actuar como representantes genuinos del pueblo. Por el contrario, hemos advertido cómo los congresistas se dejan manipular e intimidar por poderes fácticos externos al Congreso en función de que voten, con absoluta desvergüenza y cobardía, en determinado sentido en el seno del hemiciclo parlamentario.

Es más, ha trascendido que el mismo presidente del Congreso, el impresentable Mario Taracena, se ha convertido en el “intimidador oficial” de congresistas, para condicionar su voto, especialmente cuando se trata de iniciativas de ley propuestas por los peludos de la UNE, cuya jefa perdió, por aplastante mayoría, las pasadas elecciones presidenciales. En todo caso, cabe advertir que la CICIG ha anunciado que la UNE, al igual que el PP, también tiene graves problemas de financiamiento político-electoral ilícito, que están por reventar.

Sin duda, esta Legislatura ha perdido la autoridad moral para legislar, para fiscalizar a los otros organismos y entidades del Estado, así como para discutir y aprobar reformas a la Constitución y a las leyes constitucionales (Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP–, Ley de Orden Público y Ley de Emisión del Pensamiento). Además, los actuales diputados han venido aprobando leyes insuficientes o deficientes como las reformas a la LEPP y a la Ley de Contrataciones del Estado, así como leyes perniciosas como el Decreto 13-2016, que sanciona hasta con tres años de cárcel a los funcionarios y personas que manejen fondos públicos que no asistan a las citaciones del Congreso.

De esa cuenta, un creciente e imparable clamor popular por la depuración del Congreso comienza a articularse, al igual que la que se llevó a cabo en 1994, en el marco de una reforma constitucional (que dio por terminados los períodos y funciones de los congresistas), cuyo detonante fue el “autogolpe de Estado” del 25 de mayo de 1993, protagonizado por el exgobernante Jorge Serrano (1991-3).

Cabe recordar que el autogolpe de Serrano ocurrió en un momento de una tremenda descomposición política en el país. La clase política prácticamente se había convertido en una plaga que estaba posada sobre el sector público, al igual que en estos tiempos. En el Congreso imperaba la grotesca “trinca infernal”, conformada por las bancadas de la UCN, la DCG y del MAS, dedicada a los más ruines, oscuros y escandalosos negocios. Además, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial se habían politizado hasta los cimientos, al punto que operaban como una mera maquinaria político-electoral.

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