Sábado 24 DE Agosto DE 2019
Opinión

¡¡Ni ladrones ni corruptos ni impunes!!

Fecha de publicación: 05-06-16
Por: Jose Rubén Zamora

El antejuicio para los altos funcionarios del Estado, incluyendo diputados, está vigente desde hace más de 70 años y solo ha servido de tapadera a muchos crímenes y un sinfín de corruptelas de innumerables sinvergüenzas de colección que nos han gobernado. No tenía ni un año de vigencia la Constitución actual cuando el antejuicio ya estaba sirviendo para encubrir al responsable del crimen en contra de Jane Soraya Garza Alessio.

Elián Darío Acuña, entonces segundo vicepresidente del Congreso de la República y dirigente del partido oficial Democracia Cristiana, fue señalado del asesinato con arma de fuego de la joven maestra de 28 años, con quien mantenía una relación amorosa. El crimen ocurrió el 26 de noviembre de 1986 en el segundo piso de la casa del diputado en la zona 1, y ni siquiera la mamá de la víctima se atrevió a poner una denuncia. El Gobierno demócrata y cristiano fue cómplice silencioso del asesinato que impunemente perpetró Acuña con absoluta impunidad.

De ahí en adelante a nadie inmutó que decenas de diputados y centenares de alcaldes vinculados con el narcotráfico, el contrabando y otros ilícitos, utilizaran el antejuicio para volverse intocables e invisibles a la Ley. Mientras a sus anchas carcomían las instituciones y tomaban control de las rutas del trasiego y de regiones enteras donde construyeron sus extravagantes imperios.

Forman parte de esta galería de funcionarios monstruosos, con licencia para delinquir, Obdulio Chinchilla Vega y otros 16 depurables de la segunda legislatura que asumió en 1991, pasando por Manolito Castillo, hasta los impresentables de ahora que están en el banquillo de los acusados, como Baudilio Hichos, Manuel Barquín, Gudy Rivera, Jaime Martínez Loaiza, Arístides Crespo, Luis Rabbé, Carlos Herrera y un extensísimo e incontable grupo nutrido de asaltantes y corruptos.

No digamos los narcoalcaldes, desde Arnoldo Vargas en los años 80 del siglo pasado (y extraditado en 1991), hasta, en los últimos años, Roberto Marroquín, de Moyuta; el Pocho Zúñiga, de Tecún Umán; Jorge Rizzo, del Puerto de San José; Esduin Javier, el tres quiebres, de Ipala; Edilma Navarijo, de Ocós y más de 70 alcaldes de las zonas fronterizas con El Salvador, Honduras, México y las costas tan porosas a las actividades criminales. No digamos cínicos ladrones, cuyo caso más emblemático es Arnoldo Medrano.

En total hoy día casi 1 mil 800 funcionarios que gozan de antejuicio, y en año electoral, como fue el 2015, el número se elevó a 89 mil, pues incluye a todos los candidatos a cargos de elección, a pesar de que la ley dice que es “un derecho inherente al cargo”. Ningún país en América Latina ha extendido tan ampliamente este repugnante manto de impunidad.

El antejuicio fue ideado como un filtro con el argumento de evitar que los enemigos políticos de los dignatarios o los acusadores impulsivos obstruyeran la función de gobierno, pero en la práctica como hemos observado perplejos, se convirtió en un sello legal que garantiza la impunidad de quienes usan el cargo público para proteger y acrecentar sus actividades ilícitas.

El antejuicio es en realidad un juicio político que un sistema de justicia temeroso, postrado, podrido, corruptible y no independiente, solo excepcionalmente se atrevió a quitar a los todopoderosos “dignatarios” indignos de la nación. Tampoco los diputados lo votaban, pues se convertía en materia de transas y, al final, todos se tapan con la misma chamarra. Eso se vio claramente en el caso de MDF por el desvío de más de Q82 millones del Congreso; también en el accidente de El Chilero, donde fallecieron 56 personas y el diputado dueño del transporte, Aníbal Salguero, siguió gozando de su inmunidad como si nada. O bien el caso del diputado Alfredo Cojtí, impune de violencia intrafamiliar. El propio caso de Mario Taracena denunciado varias veces por violencia contra la mujer.

Más allá de esos casos individuales, una cosa es cierta: sin el antejuicio es impensable la dictadura de la cleptocracia que cada cuatro años se releva en el poder. Ha sido hasta en el último año que gracias a la presión de la ciudadanía movilizada en las plazas y abrumadoramente activa a través de las redes sociales, y gracias también al trabajo efectivo, creíble e independiente del MP con la fiscal general Thelma Aldana al frente, y de la CICIG con el señor Comisionado Iván Velásquez, que finalmente el antejuicio comenzó a dejar de ser una garantía inapelable e impenetrable de impunidad.

Pero ese escudo, ese blindaje de impunidad aún sigue existiendo y mientras no tengamos garantías de un sistema de justicia profesional, probo e independiente, el antejuicio sigue siendo la amenaza que nos ha llevado al reino de la impunidad capturado por bandas de ladrones. Por estas razones, elPeriódico hoy levanta una campaña en contra del derecho de antejuicio. Ese privilegio injusto y dañino que protege a la clase política debe ser eliminado de la Constitución y de todas las leyes del país. Nadie es superior a la ley y no debe existir fueros especiales.

¡Es el momento de dar el paso y transformar el Estado de cosas! ¡No más antejuicio ni impunidad para funcionarios públicos de ningún poder del Estado! Si en derecho público los funcionarios solo tienen permitido hacer lo que la ley les faculta, no hay ninguna razón para que gocen de privilegios y de inmunidad que solo se transforman en impunidad para los delincuentes, ladrones y corruptos. ¡¡Ni corruptos ni ladrones ni impunes!! ¡¡No al derecho de antejuicio!!