Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Las personas pasan pero, las instituciones, permanecen

Tomar las riendas, proseguir aciertos y corregir errores.

— Acisclo Valladares Molina
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Me he referido muchas veces –y habré de seguirlo haciendo– a las cuatro instituciones de control jurídico no jurisdiccional del ejercicio del poder, la Contraloría General de Cuentas, llamada a fiscalizar que todos los ingresos y gastos del Estado se ajusten a la ley: todos, sin excepción alguna; el Ministerio Público, cuya función primera es velar por el estricto cumplimiento de las leyes –desde la Constitución Política de la República hasta el último de los reglamentos– y, de allí, la más visible pero derivada de la anterior, la persecución de sus infractores; la Procuraduría General de la Nación, asesora y consultora de todos los órganos del Estado y, en su titular, su único representante y, finalmente, el Procurador de los Derechos Humanos (El Procurador mismo, la institución) posiblemente la más importante de todas, contralor este, el Procurador, de que se cumplan los fines que justifican la existencia misma del Estado, la protección del ser humano y la garantía de sus derechos.

Existen, también otros controles, el político que ejerce el Congreso de la República, siendo una de sus máximas expresiones la presupuestaria –razón de ser misma del parlamento– autorización de tributos y gastos –y su consecuente fiscalización– la que se omite ¿Para qué las leyes, si las leyes no se cumplen? y –obviamente– el control jurisdiccional ejercido por los jueces, la última palabra de la ley en el caso concreto y la imposición de sus sanciones.

Si el Estado no ha llegado a funcionar como quisiéramos es porque estas cuatro instituciones no han llegado a funcionar, como debieran.

Cuando la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 –la mejor que hemos tenido y de la que deberíamos sentirnos orgullosos– rompió con el centralismo del Estado (La autonomía municipal sin recursos, no es autonomía) y se hizo absolutamente garantista de la protección del ser humano, presupuso que estas cuatro instituciones cumplirían estrictamente sus funciones: sin ello era obvio que se desbordarían los poderes emergentes, anarquía y corrupción, “garantizadas”.

Las cuatro instituciones no deben ser caricaturas de sí mismas y, así, resulta bochornosa, por ejemplo, la “denuncia de un contrato hecha por la Procuraduría General de la Nación ante el Ministerio Público puesto que los contratos no se “denuncian” (lo que se denuncian son hechos delictivos), como bochornosa, también, su denuncia en contra de todos los miembros del gabinete de gobierno que firmaron el acuerdo gubernativo referente a la no lesividad –asunto de criterio– en el caso de la Terminal de Contenedores tratando –temerariamente– a todos por igual: agua que se derrama y que no se recoge.

En el colmo de colmos se refirió la entidad asesora y consultora de todos los órganos del Estado, la Procuraduría General de la Nación, a las “investigaciones” que haría el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: absoluta aberración puesto que este tribunal no investiga, tratándose el juicio contencioso administrativo de un juicio, casi civil, en el que las partes –demandante y demandado– terceros coadyuvantes o excluyentes –cada una–, corre con la carga de su prueba: si el litigante no hace su trabajo, no puede hacerlo el tribunal.

Las personas pasan –las instituciones permanecen– y –litigar– no se trata de soplar y hacer botellas.

Con el debido respeto, tomar las riendas, proseguir aciertos y corregir errores.

Las personas pasan pero, las instituciones, permanecen ¡Respétense las instituciones a sí mismas!

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