Miércoles 26 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Corrupción sin límite

— EDITORIAL
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Sigue y suma; en la medida que avanzan las investigaciones del MP y la CICIG se descubre cada vez más la verdadera extensión y profundidad del fenómeno de la corrupción en Guatemala. Después de semejantes denuncias no queda duda alguna de cuán enraizada está la corrupción en Guatemala, afectando a toda clase social, área geográfica, actividad económica, disciplina profesional, ideología política, edad, género, etnia, etcétera. Simbólicamente hablando, aunque cueste reconocerlo, la corrupción pareciera ser el único patrón que nos une; la corrupción es una de esas pocas características que, en un país tan diverso y desunido como Guatemala, se repite y se mantiene constante a lo largo y ancho de la sociedad, independientemente de cómo esta se seccione. En un sentido metafórico, después de lo sucedido el jueves pasado parece que en Guatemala “nadie se salva” de la corrupción. Sería ingenuo pensar que el Partido Patriota fue quien primero inventó y utilizó este ilícito modus operandi de enriquecimiento y financiamiento electoral. Muchas otras seudoorganizaciones políticas, sociales, oenegeras, laborales y empresariales, que han utilizado estos mismos mecanismos, deben ser investigadas y perseguidas penalmente. Sería lamentable que este tipo de organizaciones delictivas pudieran seguir operando impunemente en el país.

El clima de temor generalizado que hoy persiste dentro de los funcionarios públicos y políticos en Guatemala seguramente disuadirá a muchos a incurrir en nuevos actos de corrupción. Sin embargo, si estas acciones por parte del sistema de justicia no se acompañan de reformas profundas en los sistemas transversales de gestión gubernamental y de organización política, el efecto disuasivo será puramente pasajero. En estricto sentido, a pesar de lo que hasta hoy han hecho el MP y la CICIG, la estructura institucional, legislativa y organizacional que permitió estos excesos sigue siendo la misma. De manera que nada impide que otras organizaciones delictivas puedan volver a aprovecharse del poder político para su propio beneficio, corrompiendo todo lo que se cruce en el camino. La tarea pendiente es grande y complicada: llevar la investigación y persecución de la corrupción hasta sus últimas consecuencias y rediseñar completamente los principales sistemas de gestión y control dentro del sector público y el sistema político electoral.

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