Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Opinión

¿Revelación de fuentes de información?

— EDITORIAL
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Ha trascendido que fiscales del Ministerio Público (MP) nuevamente están pretendiendo que, en el marco de las investigaciones criminales, se obligue a los periodistas y comunicadores a revelar sus fuentes de información, cuya confidencialidad es una de las garantías fundamentales del ejercicio profesional de la libertad de prensa.

Esta decisión contradice el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reza: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

La referida determinación también es contradictoria con el Principio 3 de la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que afirma: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público; no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”.

Por otro lado, el Artículo 223 del Código Penal establece: “Quien, sin justa causa, revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de seis meses a dos años o multa de cien a un mil quetzales”, por lo que si un periodista o comunicador revela sus fuentes de información, sin autorización de estas, incurre en el delito de Revelación de Secreto Profesional.

Asimismo, el Artículo 214 del Código Penal dispone: “Quien, sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a este para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de seis meses a dos años”. Esto incluye que se compela a un comunicador o periodista a revelar sus fuentes de información.

En su oportunidad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresó que “el derecho a la reserva de las fuentes es esencial para que un periodista provea un importante servicio al público cuando recaba y difunde información. La amenaza de una acción legal en contra de los periodistas o de sus fuentes produciría en última instancia un efecto amedrentador en los medios de información y llevaría a que el público estuviera menos informado”.

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